A través de videoconferencia, el Tribunal de Cuentas celebró en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea el juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra del camino de Gedrez, Piedrafita y Jalón que implica al exalcalde de IU, José Manuel Martínez. Éste defendió en su declaración que la adjudicación de la obra se basaba en diferentes criterios que aportaban una puntuación a cada candidatura presentada y no en la oferta económica más ventajosa "porque era un concurso y no una subasta".

El caso se inició en 2013 con un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se concluyó que el gobierno presidido por Martínez había entregado la obra del camino Gedrez, Piedrafita, Jalón a una empresa que ofertó realizarla por 379.078,18 euros y con un plazo de ejecución de 4 meses. Mientras que, según la Intervención de la Administración del Estado, entre las ofertas presentadas para el mismo trabajo había una empresa que lo hacía por menos dinero, 322.531,74 euros, y en menos tiempo, tres meses y medio.

En este sentido, Martínez aseguró ante el Tribunal que "se valoró en un informe técnico la imposibilidad de ejecutar la obra en un plazo tan corto de tiempo como el que ofertaba la empresa que sacó cero puntos" y apuntó que en ese momento se trataba de un dato importante: "Teníamos que asegurarnos de que la empresa pudiera cumplir con el plazo para poder justificar la obra en tiempo y obtener la subvención".

Para el exregidor de IU la negligencia en este caso es del Ayuntamiento por no haber presentado alegaciones al informe recibido por Intervención de la Administración del Estado. "Cuando se recibió el informe yo no era el Alcalde, por lo que no soy el responsable de no haber contestado", explicó Martínez, que asegura que si él y su equipo hubieran estado en el Consistorio en ese momento "explicaríamos que el criterio de adjudicación no era simplemente el económico y que primaban todos". Tras su declaración, el exalcalde tiene la sensación de que "tanto las pruebas periciales como los informes están claros y dicen que esa obra no se podía ejecutar en el plazo que ofertaba la empresa y que, por lo tanto, era razonable que se le dieran cero puntos por ello".

A raíz de la imputación en este caso, el Tribunal de Cuentas impuso a José Manuel Martínez una fianza de más de 66.000 euros en 2014. Ahora el juicio, a falta de la declaración de un último testigo en los próximos días, quedará visto para sentencia.

Además, de su época como regidor se están investigado otras seis obras, en este caso por irregularidades en su ejecución. En dos casos, las obras de Villar de Naviego y las Escolinas, José Manuel Martínez fue considerado "responsable contable directo" de un desfase de dinero entre lo ejecutado y lo declarado. Mientras que fue exculpado de los problemas detectados en la obras de Fondos de Villa y del depósito regulador de Besullo.