El gobierno de Cudillero ofrecerá "diálogo y apoyo" a las comisiones de fiestas del concejo para que este verano puedan celebrar los festejos patronales con normalidad. El pasado fin de semana, 28 colectivos mostraron su pesar y sus dudas por la aplicación de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas del Principado de 2002.
Esta norma obliga a los colectivos organizadores de cualquier fiesta o evento a disponer de un plan de evacuación, seguros de responsabilidad civil acordes con el aforo, medidas de higiene y seguridad, y memorias técnicas firmadas por un técnico competente.
Además deben contar con un permiso especial de la Consejería de Industria por el suministro eléctrico.
El gobierno y las asociaciones celebrarán hoy una reunión para intentar salvar sus diferencias. Los colectivos piden más apoyo al gobierno, y el gobierno ofrece respaldo, pero no está dispuesto a saltarse la ley.
El alcalde, Ignacio Escribano (PP), explicó que Secretaría Municipal exige el cumplimiento de la norma, que se aprobó en 2002 con apoyo de sindicatos y personas relacionadas con las celebraciones culturales y lúdicas del Principado. Los colectivos pretenden que de esa reunión salga una hoja de ruta. Desean que el Ayuntamiento se implique hasta el punto de decirles exactamente qué deben aportar y cómo conseguir esa documentación.
Ayer, las comisiones de fiesta reiteraron su descontento y avanzaron que, si hoy no se alcanza un acuerdo, no se descartan movilizaciones. De momento, tratan de organizar los festejos de este verano "porque el tiempo se nos viene encima".
También estarán pendientes de la celebración y los cumplimientos legales de las fiestas de San Juan de la capital pixuetas, previstas del 16 al 18 de junio.
La idea de los 28 colectivos es volver a retomar este asunto a finales del verano para pedir al Ayuntamiento que elabore una ordenanza municipal con el fin de facilitar las celebraciones más pequeñas. También están en contacto con otras asociaciones para llevar este movimiento más allá de las fronteras de Cudillero. El objetivo es que las fiestas de prao sean declaradas Bien de Interés Cultural y que el Principado accede a cambiar algunos preceptos de la ley para evitar que desaparezcan fiestas.
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