El promotor inmobiliario Luis María Garay y el arquitecto Rafael Domínguez defendieron ayer en un juicio oral celebrado en Avilés las actuaciones que llevaron a cabo durante la intervención urbanística realizada en "Villa Barbacana", un edificio protegido del siglo XVIII ubicado en la calle Galea de Vegadeo y que a resultas de las obras fue desmantelado en su integridad y vuelto a reconstruir.

La fiscalía pidió inicialmente la condena de los dos acusados por sendos delitos contra el patrimonio histórico (un año y seis meses de prisión, más 18 meses de multa a razón de 12 euros al día) y de daños contra el patrimonio, pero a la vista de las declaraciones y pruebas vistas en el juicio retiró la primera de las acusaciones y se limitó a pedir una multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios por el segundo de los delitos.

El asunto más controvertido de la intervención realizada en "Villa Barbacana", según se puso de manifiesto en el juicio, fue la eliminación de los viejos muros del inmueble y su sustitución por otros nuevos. Para la fiscal quedó claro que los permisos de obra concedidos en su día para rehabilitar el caserón autorizaban al promotor a renovar la techumbre, vaciar el interior y abrir huecos en la fachada, pero cargó la fuerza de la acusación en el hecho, presuntamente delictivo, de que el promotor y el arquitecto ordenasen la demolición de los muros de carga, haciendo desaparecer todo vestigio del caserón primitivo.

"Los muros no iban a ser tirados pese a su mal estado de conservación, pero cuando las obras comenzaron colapsaron y amenazaron con venirse abajo, con el consiguiente riesgo para los trabajadores y los viandantes", aseguró Luis María Garay. El arquitecto ratificó ese colapso de los muros y explicó que se tomó la decisión de desmontar las estructuras y guardar las piedras obtenidas para aprovecharlas en la reconstrucción de los paramentos de la forma más parecida a los primitivos; del mismo modo, el técnico destacó que toda la intervención realizada en "Villa Barbacana" (cubrición con pizarra de la cubierta, volumetría y alineaciones) fue respetuosa con el diseño del edificio original. A día de hoy, la construcción está legalizada.

Para la fiscal no quedó acreditado, salvo por el testimonio de los acusados, que los muros cediesen por su mal estado hasta el punto de obligar a derruirlos, una operación que se llevó a cabo, además, sin avisar previamente a las autoridades. De ahí que formulase petición de condena al juez, en cuyas manos queda ahora dictar sentencia.