La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra el director de la mina de Cerredo (Degaña) en 2011, dos ingenieros, tres vigilantes, el delegado minero de seguridad, un picador y un ayudante por el fallecimiento de un leonés de 35 años en agosto de 2011, mientras trabajaba en la explotación. Se pide para ellos un total de 22 años y seis meses de cárcel, al considerarlos presuntos autores de delitos contra la vida y salud de los trabajadores, y de homicidio por imprudencia grave.
El minero leonés Rafael Otero Reguero, de 35 años, falleció el 1 de agosto de 2011 mientras trabajaba en la explotación minera. Según apunta el Fiscal en su escrito provisional de acusación, la causa de la muerte fue la asfixia, al carecer de ventilación el plano inclinado en el que se hallaba. Una serie de presuntas negligencias en materia de organización y seguridad habrían provocado la muerte de este empleado.
El día de su fallecimiento, Rafael Otero llegó tarde a trabajar, por lo que no entró en la mina con su compañeros. Fue enviado por uno de sus superiores a una zona de fondo de saco "en la que previamente se le había quitado la ventilación auxiliar", sin haber señalizado esa circunstancia.
Tal y como relata la Fiscalía, en la zona en que falleció el minero, el 28 de julio otros dos trabajadores retiraron la ventilación para llevarla a otro punto en el que debían trabajar, pero sin señalizar ese cambio, "pese a que conocían las más elementales normas de seguridad en las minas, poniendo en riesgo la seguridad de los demás trabajadores y contribuyendo de forma decisiva al fallecimiento del trabajador".
La situación se agravó en días posteriores, sostiene el Fiscal, puesto que "no se vigiló la zona entre este cambio y la fecha del accidente", no se midieron los gases, y se puso de manifiesto una "total descoordinación" entre toda la cadena de mandos, poniendo en riesgo la integridad física del trabajador fallecido y de todos los presentes en la mina.
Añade el fiscal en su escrito que, "de hecho, el trabajador estuvo largo tiempo desaparecido en la explotación", ya que el lampistero se percató a las 3 horas del día siguiente de su ausencia, cuando debería haber salido a las 22 horas. Según la autopsia, la muerte de Rafael Otero Reguero se habría producido entre las 16 y las 17 horas del día anterior, al poco tiempo de entrar a trabajar.
"No existía en la explotación un plano de ventilación diaria, y tampoco solape de turno entre los vigilantes, por lo que al no haberse señalizado en el momento justo en que se retiró la ventilación, nadie se percató de su ausencia, revelando una muy grave y deficiente organización", acusa el fiscal, que solicita, además de cárcel e inhabilitación para los acusados, una indemnización de 100.000 euros para la madre del fallecido, y de 10.000 para cada uno de sus nueve hermanos.
