Los medios de comunicación se han hecho eco días atrás de las observaciones que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha adoptado al concluir su examen del sexto informe periódico de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante recordarlo porque hay quienes piensan que la vulneración de los Derechos Humanos es propia de otras latitudes, que no es algo que concierna a nuestro propio país. Sin embargo, las conclusiones del Comité son contundentes y ponen de manifiesto que España viene incumpliendo numerosas obligaciones internacionales en esta materia.
Así, entre otras, señala el Comité que se dan casos de discriminación, como la que sufren los inmigrantes, los extranjeros y las minorías étnicas en el acceso a la vivienda, educación, el empleo y la atención de la salud. También al practicarse controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos. En relación con la trata de personas, se señala que España sigue siendo un país de destino, de tránsito y origen de mujeres, hombres y niños víctimas de la trata con fines sexuales y de trabajo forzoso.
Por otra parte, el tratamiento que se da a la inmigración da lugar a numerosos reproches. Denuncia el Comité las malas condiciones imperantes en algunos CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), así como el uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular, y las denuncias de malos tratos durante las operaciones de expulsión de inmigrantes, incluyendo solicitantes de asilo, en Ceuta y Melilla. Asimismo expresa su alarma sobre la práctica de devoluciones sumarias, también conocidas como "expulsiones en caliente".
El Comité manifiesta también su preocupación por la persistencia de la violencia contra la mujer. Lamenta que las mujeres sigan estando insuficientemente representadas, en los sectores público y privado, en particular en los puestos decisorios. Señala que existen notables diferencias salariales entre hombres y mujeres. Y llama la atención sobre las consecuencias de la reforma de la ley del aborto.
Muestra, asimismo, el Comité su preocupación por las frecuentes denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos, por parte de agentes del Estado, en especial en el marco de las protestas ciudadanas. Igualmente destaca las debilidades y deficiencias de las investigaciones de estos casos. Insiste, una vez más, en la necesidad de poner fin al régimen de incomunicación del detenido judicialmente autorizado (hasta 13 días en casos de terrorismo o crimen organizado). También manifiesta su inquietud por las amplias atribuciones otorgadas por la nueva Ley de Seguridad Privada y por el efecto disuasorio que pueda tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y las subsecuentes reformas del Código Penal.
En relación con las víctimas del franquismo, el Comité expresa su preocupación por las trabas que impiden la investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, por lo que reitera su recomendación para que se derogue la Ley de Amnistía de 1977 o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Igualmente pide modificar la legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.
También se pronuncia el Comité sobre un caso concreto que viene siguiendo de cerca Amnistía Internacional Asturias. Se trata del que afecta al ciudadano belga-marroquí Ali Aarrass, condenado a 15 años de prisión en Rabat sobre la base de una confesión que realizó bajo tortura. Fue extraditado por España a Marruecos en 2010, pese a que existían grandes riesgos de ser detenido en régimen de incomunicación y sufrir malos tratos y tortura. En 2014, el mismo Comité calificó esta extradición de ilegal y exigió la liberación inmediata de Aarrass. Pese a las recomendaciones a España para realizar las investigaciones oportunas, no ha habido avances hasta la fecha.
Gran parte de las observaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han sido auspiciadas y documentadas por Amnistía Internacional. Las recomendaciones de dicho organismo dirigidas a España para que cesen las prácticas denunciadas y se adopten las modificaciones legislativas necesarias a fin de cumplir adecuadamente las obligaciones internacionales contraídas en materia de Derechos Humanos, son también compartidas por Amnistía Internacional. Esperamos que el Estado español adopte medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones del Comité y otros organismos internacionales.
