Desconocemos qué fuerza política ganará las elecciones del día 20 y con cuántos escaños, pero demos por seguro un hecho incuestionable: la próxima será la legislatura de la reforma constitucional. Todos los partidos principales, salvo el PP, llevan en su programa la introducción de cambios en la Carta Magna, que después de tres décadas de pervivencia muestra inquietantes grietas. Seguramente hará falta en los próximos cuatro años un referéndum para acometer esa reforma pendiente, que exige un amplio consenso, al menos los dos tercios de las Cámaras. Los grupos que reclaman la modificación constitucional coinciden al menos en un asunto que debería considerarse prioritario, el blindaje de los derechos sociales: la educación, la sanidad, las pensiones. Así que manos a la obra. Y no nos vengan con cuentos: cuando les interesó, cambiaron la Constitución de tapadillo, como el artículo 135 en 2011, al supeditar el Estado del bienestar al objetivo del déficit.
