La reforma del sistema de pensiones aprobada en 2013 por el gobierno del Partido Popular introdujo, entre otros cambios, la sustitución del mecanismo vigente de revalorización de las pensiones que garantizaba el mantenimiento de su poder adquisitivo con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC). La ley de 2013 establece que el incremento anual de las pensiones quedará condicionado a la situación financiera de la Seguridad Social, medida a través de un nuevo Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones que incluye la evolución de una serie de variables: aumento de los ingresos, del número de pensiones, de la pensión media y del desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema.
Quizás la complejidad técnica del nuevo índice de revalorización y las bajas tasas actuales de inflación expliquen la escasa polémica que ha tenido su introducción, a pesar de su gran incidencia en la evolución de la cuantía de las pensiones en las próximas décadas. En opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la aplicación del nuevo índice de revalorización anual va suponer una congelación de las pensiones durante bastantes años, pues aunque mejore la situación financiera de la Seguridad Social, el impacto de la jubilación de las sucesivas generaciones del "baby boom" -que se extenderá hasta el año 2050- presionará a la baja la aplicación del citado índice situándolo en una subida testimonial del 0,25 por ciento anual. Por todo ello cabe concluir que la aplicación de la reforma llevada a cabo en 2013 por el gobierno del Partido Popular conducirá a un empobrecimiento progresivo de los pensionistas, lo que contradice claramente el artículo 50 de la Constitución que establece que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Veamos esta cuestión a través de un ejemplo que contemple las implicaciones a largo plazo de lo que puede suponer el nuevo índice de revalorización. Supongamos el caso de una persona que se ha jubilado en el año 2015 y realicemos -bajo ciertas hipótesis- una simulación de la cuantía de su pensión durante diez años. Para ello tomamos como referencia las previsiones de algunos trabajos que sugieren que el índice de revalorización anual será de un 0,25 por ciento durante bastantes años, y por tanto vamos a considerar este valor para todo el período analizado. En relación con la inflación, se han adoptado unas previsiones bastantes optimistas: se supone que en los próximos cinco años la inflación prevista se situará en la horquilla 0,50-1,75 por ciento (para ese periodo la AIReF maneja un previsión de una media anual del 1,8 por ciento), pasando a ser de un 2 por ciento anual (objetivo de inflación del Banco Central Europeo) en los cinco años siguientes. Estos supuestos significan que en diez años la subida acumulada de la pensión será de tan sólo un 2,5 por ciento si se mantiene la previsión de una subida anual del 0,25 por ciento, mientras que la inflación alcanzará el 16 por ciento, lo que generaría una perdida de poder adquisitivo del 13,5 por ciento durante todo el periodo considerado.
Si la jubilación se produce con una pensión mínima de 635 euros mensuales, bajo los supuestos anteriores, ésta quedaría reducida, en términos reales, a 554 euros en el año 2025; es decir, se produciría una perdida de 81 euros al mes, lo que supondría una reducción de la cuantía inicial de un 13 por ciento. En el caso de que se accediera a la pensión máxima (2.561 euros mensuales en 2015), la repercusión de las hipótesis expuestas se traduciría en una reducción de 326 euros al mes, quedando la pensión máxima reducida a 2.235 euros en el año 2025. Por último, en el supuesto de una jubilación con acceso a la pensión media (1.027 euros mensuales en 2015), la pérdida de poder adquisitivo se traduciría en una reducción de 131 euros al mes, situándose la pensión media en el año 2025 en 896 euros.
Si la simulación se prolongase hasta los veinte años, que es una hipótesis razonable de esperanza de vida para un español de 65 años, el resultado de mantener un índice de revalorización del 0,25 por ciento y una inflación del 2 por ciento supone que en el año 2035 las pensiones se habrán reducido -en términos reales- en un 27 por ciento con respecto a las cuantías de 2015, pasando a ser el importe mensual de la pensión mínima de tan sólo 465 euros al mes. La pensión máxima quedaría reducida a 1.873 euros mensuales y la pensión media de jubilación se reduciría en 276 euros al mes hasta situarse en los 765 euros en 2035.
Más allá de este ejercicio elemental de simulación, es indudable que la reforma del gobierno del Partido Popular, al eliminar la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, ha introducido una gran dosis de incertidumbre sobre la evolución futura de los ingresos de diez millones de titulares de pensiones (incluidos los de MUFACE) y que en el caso de regiones como Asturias esta incertidumbre afecta a un tercio de su población.
Ante este panorama, resulta bastante esclarecedor una lectura de las propuestas programáticas de los distintos partidos ofrecidas en las recientes elecciones generales. En materia de revalorización de pensiones se pueden agrupar en dos bloques. Por un lado, estaría el Partido Popular y Ciudadanos que no concretan nada en este campo y que, por tanto, hay que suponer que están de acuerdo con la regulación actual del índice de revalorización. Por otro, se podría alinear al Partido Socialista, Podemos y Unidad Popular, que en sus programas electorales defienden, además de mejoras en la financiación y subidas de las pensiones mínimas, la recuperación de la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización anual con arreglo a la evolución del IPC. Así pues, no estaría de más que los ciudadanos tuvieran muy presentes estos posicionamientos programáticos a la hora de valorar la conveniencia de posibles pactos para la formación de un próximo gobierno y sobre todo cara a unas posibles elecciones anticipadas.
Esperemos que la recuperación económica no genere -como ha ocurrido históricamente en España- una evolución de los precios que empeoren el escenario de inflación contemplado en la simulación aquí realizada, pues se podría dar la contradicción de una expansión económica que dejase excluido de la misma al colectivo de diez millones de pensionistas que verían disminuidos progresivamente sus ingresos en términos reales debido al Índice de Revalorización aprobado por el gobierno del Partido Popular. Para que esto no ocurra es totalmente necesario restablecer la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo vigente hasta la reforma del año 2013. Con ello sólo se aspira a mantener, sin sobresaltos, la cuantía de los ingresos a lo largo de los años de pensionista, que no debe confundirse con una subida de las pensiones en términos reales.
Finalmente, habrá que añadir que hoy en día no se debería trasladar a los ciudadanos que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende exclusivamente del nivel de ingresos derivado de las cotizaciones sociales. Los cambios en la estructura productiva, la revolución tecnológica y las características del empleo generado apuntan cada vez más a que la clave se centra más bien en la cuestión de qué volumen de renta está dispuesta a destinar la sociedad española a sus mayores, lo que implica la necesidad de diseñar y aplicar un nuevo sistema de financiación del sistema de pensiones. En este sentido, cabe señalar que en España la parte del ingreso nacional destinado al pago de pensiones se sitúa en el 12,7 por ciento, mientras que en Francia y Austria el porcentaje se eleva al 15,5 y 15,2 por ciento, respectivamente, alcanzando esa ratio en Italia el 17 por ciento. Así pues, nuestro país destina una porción más reducida del PIB al pago de pensiones en comparación con lo que hacen otros países de nuestro entorno.
