Mi responsabilidad como gerente de la Universidad de Oviedo y mi condición de miembro del personal administrativo universitario desde hace veintiséis años en esta institución académica me llevan a escribir estas líneas, que tienen como fin defender el trabajo que desempeña el personal administrativo del servicio de investigación, puesto en tela de juicio por el profesor Holm-Detlev Köhler en un reciente artículo de opinión publicado en estas mismas páginas.
Lamento como gerente y como trabajadora de la Universidad de Oviedo las opiniones vertidas por Holm-Detlev Köhler, profesor titular de Sociología, que demuestran el desconocimiento de la obligada labor de control en la gestión de los fondos públicos que tiene encomendada el personal administrativo, y particularmente el personal del servicio de investigación de la Universidad de Oviedo. Soy personal administrativo, al igual que los compañeros del servicio de investigación, y debo aclarar al profesor que nuestra función es el apoyo, asesoramiento y gestión de los procesos que se consideren necesarios para el cumplimiento de los fines encomendados a la Universidad de Oviedo.
En su artículo, manifiesta que "los trámites burocráticos exigidos son opacos y absurdos". Sin entrar a quitarle la razón, quiero recordar que estos trámites no son en ningún caso impuestos por el personal del servicio de investigación, ni incluso por ningún gerente ni rector, sino por la aplicación de la normativa legal y las condiciones que determina la Administración que, en el caso de los investigadores, concede los proyectos.
Debo contradecir su opinión sobre que "lo único que le preocupa al personal administrativo es una posible intervención o auditoría". No es lo único que le preocupa al personal administrativo, pero claro que debe ser una de sus preocupaciones, consistente en verificar el cumplimiento por parte del investigador de todos aquellos requisitos que la Administración que concede los proyectos le exige, ya que, en caso contrario, lo que se produce es una descertificación de los gastos ya realizados, que deben ser asumidos con cargo al presupuesto de la Universidad de Oviedo. Si se realizan gastos en vuelos o en hoteles que sobrepasan la cuantía permitida, el equipo de investigación no es el perjudicado, es la Universidad, ya que tendrá que reintegrar esos gastos por no ser acordes con la norma. Y, en definitiva, es la sociedad la principal damnificada, ya que estamos hablando de la gestión de fondos públicos.
Desde diferentes ámbitos, fundamentalmente empresariales, se plantea, además de la reducción del sector público, el cambio de modelo de Administración y de Función Pública en España, incluso que los funcionarios "tengan una estabilidad en el empleo similar al de la empresa privada". Pero la sociedad debe saber que el sistema de selección de cuerpos de funcionarios es muy riguroso y quien accede a la condición de funcionario dispone de una garantía que es la inamovilidad en el desempeño de su empleo, que se pierde sólo cuando se cometen las infracciones previstas en el régimen disciplinario o los delitos del Código Penal. Esta inamovilidad en el empleo no es un privilegio personal, sino una garantía funcional para que los funcionarios puedan ejercer sus tareas con imparcialidad y objetividad.
¿Alguien se imagina a un empleado público que se sabe temporal o que parte de su salario iría en función de la calidad y proyectos gestionados negándose a realizar los trámites debidos de acuerdo a la norma, cuando su continuidad en el puesto de trabajo o su salario puedan depender de ello?
Y, finalmente, deseo aclarar y destacar que el servicio de investigación está compuesto por 30 personas, con una amplia formación y sobrada experiencia en el uso de aplicaciones informáticas específicas para la gestión de proyectos y su tramitación contable y suficientes conocimientos de idiomas para el desempeño de las tareas encomendadas. De eso se ocupa la Universidad de Oviedo, con la organización anual de planes de formación específicos y relacionados con su actividad laboral.
