El Ayuntamiento de Gijón ha rebasado en 1,2 millones de euros su techo de gasto y por ello tendrá que someterse a la tutela financiera del Gobierno del Principado, que era lo que nos faltaba para coronar la vergüenza ajena que producen las relaciones entre el gobierno municipal y el regional. Seremos más precisos, pero sin entrar en que dicha tutela viene marcada por las sacrosantas leyes de estabilidad, y que da lo mismo que haya sido por 1,2 millones o por cincuenta euros. Lo que nos interesa del caso es que cada vez que se encara alguien del Principado con alguien de la municipalidad nos sobrevienen las nauseas, puesto que ya llevamos cuatro años de milongas, boleros y mambos, cuando no de tangos con navaja en la oreja. Es decir, tenemos peleada a la alcaldesa Carmen Moriyón con las gentes de allí, y casi siempre con la misma persona, la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández (que todavía no ha sido cesada, y no nos referimos a que deba serlo por las disputas gijonesas, que no son pocas, sino por muchas otras, algunas de gran antigüedad, como la regasificadora). No obstante, esta nueva tutela económica tal vez introduzca a otros personajes en la tragicómica escena asturgijonesa, como la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. Anotamos esto porque un poco de variedad siempre ayuda a templar el estómago. Sin embargo, el recuento de contenciosos bilaterales es ya largo: plan de vías, contaminación, área central, ahora economía... Pero todavía queda algo muy gordo para cuando el Principado, a través de la CUOTA, meta las narices en el PGO.
