Año 2000. Colunga. Se inaugura una nave de venta de muebles. La construcción tiene tanto los permisos municipales como los autonómicos (CUOTA). Hay una denuncia por construcción ilegal. Los tribunales dan la razón al denunciante. Durante quince años propietarios y Ayuntamiento pleitean para evitar el derribo, sin conseguirlo. Finalmente, la nave debe ser demolida, de forma inapelable, en los próximos días.
¿Daños? Al negocio, todos: el coste de la nave (y, acaso de su financiación); la construcción de otra si quieren seguir con el negocio; los créditos, supongo, correspondientes; el lucro cesante en el entretanto; lo gastado en los pleitos? Al Ayuntamiento, el coste del derribo y, probablemente, lo que tenga que pagar a los propietarios por una licencia indebida cuando, después de mucho tiempo, sentencien definitivamente los tribunales. ¿Se ha cumplido la ley? Sí. ¿La justicia, en el sentido de "razón" o "equidad"?
Pero vayamos al fundamento de las sucesivas sentencias que obligan al derribo. ¿Cuál es? Que la nave se asienta "en un terreno de interés agrícola", según el planeamiento municipal. ¡Santo Dios! "De interés agrícola". ¡Pero si desde Colunga hasta Caravia en la franja costera no hay más de tres explotaciones ganaderas de leche, y, poco más, de carne! ¡Pero si en la franja de la carretera en que se asienta la nave no hay más, desde Colunga a La Isla, que eucaliptos algún prado de siega y pasto, viviendas y hasta un hotel! ¡Pero si apenas hay ya en todo el concejo, por un decir, quien cultive una lechuga en su huerto!
¡Qué ficción la del planeamiento! Y es que una gran porción de nuestra legislación está construida con aquella parte inferior de nuestro cuerpo, que, como la cara oculta de la luna, no nos es visible.
Y así es que el cumplimiento de la ley es el triunfo de una ficción. Pero los daños no lo son.
