Distribuir el territorio en diferentes zonas y regular los usos dentro de cada una de ellas constituye la base para la gestión de cualquier espacio protegido. Cuando se trata de lugares incluidos en la Red Europea Natura 2000, la existencia de un plan de gestión que contemple esas necesidades es además un requisito exigido por la legislación comunitaria. Lamentablemente, el Gobierno asturiano ha fracasado por segunda vez consecutiva en la elaboración de esa normativa de gestión en el caso del Parque de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Buena parte de la superficie de este parque es de titularidad privada, por lo que los propietarios de los terrenos deben ser compensados por las restricciones asociadas a las necesidades de conservación.
Sin embargo, la normativa que se aprobó adolecía de defectos importantes en relación con la manera en que se debían hacer efectivas esas compensaciones, y ese ha sido uno de los motivos que llevó a algunos propietarios a recurrir. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha estimado parcialmente su recurso y les ha dado la razón, anulando el Instrumento de Gestión del Parque que queda por tanto sin protección legal. Esto es una prueba más de que los procesos de participación pública a los que está obligada la Administración y de los que con tanta frecuencia suele alardear, son un paripé. En realidad la única vía que tienen los ciudadanos de participar en la gestión es por la fuerza, a través de la justicia. Financiamos con nuestros impuestos a quienes nos administran y después tenemos que pagar abogados y procesos judiciales para defendernos de sus abusos y su mala gestión.
El problema ni es nuevo ni es un hecho aislado, sino que se trata de algo recurrente y extendido. En el año 2013 ya se produjo una situación similar; un recurso presentado por propietarios de terrenos dentro del Parque terminó con la anulación de la normativa. La misma situación se ha dado en el Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa. Su antigua normativa de gestión fue suspendida por los tribunales en el año 2015 y la versión posterior ha sido nuevamente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias a finales del mes de julio. Está claro que a quienes elaboran estos documentos les falta capacidad para corregir errores previos.
El mismo problema se produce con otros tipos de normativa regional. El Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo está en una situación similar desde hace ya nueve años. Se aprobó en 2003, fue recurrido al considerar que no se habían tenido en cuenta las alegaciones presentadas, y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2007. Finalmente esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2011. Ahí quedó todo. Una especie tan gravemente amenazada como esta, ni siquiera cuenta con el obligatorio plan de gestión por la incompetencia y dejadez de la administración. Como es también habitual, estos hechos no tienen consecuencias palpables respecto a los cargos públicos responsables de su tramitación, que continúan ocupando puestos de responsabilidad como si nada hubiese pasado. Se trata de una situación muy grave que se repite una y otra vez.
Recientemente pudimos comprobar en persona el porqué de este tipo de situaciones. Hace unos meses, la asociación Geotrupes estuvo presente en la reunión de la Junta del Parque en calidad de representante de grupos conservacionistas. Varios representantes de colectivos de propietarios del Parque presentes en la reunión, pusieron en evidencia la inexistencia de compensaciones y los reiterados incumplimientos de la Administración en relación con los compromisos adquiridos con los propietarios. Algunos de estos incumplimientos vienen arrastrándose desde que se creó el Parque, hace ya 12 años. La conclusión de esa reunión fue que a pesar del tiempo transcurrido, en realidad aún no se han identificado con claridad las restricciones que marca la normativa del Parque con respecto a otras normativas de ámbito general, por lo que no se sabe siquiera qué es lo que hay que compensar. Algunos de los asistentes, también pusieron en evidencia la inoperancia de la Junta del Parque, al constatar que la reunión se celebró con posterioridad a la de la Comisión Rectora, que es el órgano que toma decisiones. Es decir, las decisiones ya estaban tomadas antes de que los asistentes a la Junta pudiésemos exponer nuestras propuestas y observaciones al funcionamiento del Parque.
Cabe señalar además que a pesar de que nuestra asociación actúa en representación de los grupos conservacionistas en la Junta del Parque, no hemos recibido ningún comunicado respecto de la anulación de la normativa, de la cual nos enteramos a través de los medios de comunicación. Todo esto es una clara demostración de que el proceso de participación pública es sólo un paripé.
