El año próximo, si se cumplen las previsiones actuales y no alcanza al registro municipal la llegada de otra catarata de demandas judiciales, el Ayuntamiento habrá tenido que pagar 4,5 millones de euros en indemnizaciones a personal de los planes de empleo. El gobierno local no sólo pierde los pleitos, sino que además es condenado en costas por abonar a esos empleados eventuales cantidades inferiores a las que señala el convenio colectivo del Ayuntamiento, cuando estaban desempeñando trabajos sustitutivos de funcionarios.
Partiendo del hecho de que esos planes son necesarios para cubrir bajas y vacaciones, para realizar obras concretas y, sobre todo, para emplear a colectivos en situación precaria, como los parados de una cierta edad que tienen complicado acceder de nuevo al mercado de trabajo, lo que no es de recibo, como han señalado los jueces con sentencias condenatorias al Consistorio gijonés, es que el modelo se utilice de manera tramposa.
¿Se imaginan cuántas cosas se podrían hacer, cuántos trabajos y obras menores realizar con esos 4,5 millones de euros? Si se añadieran al presupuesto participativo que permite a los vecinos de esta ciudad decidir qué obras que afectan a sus barrios se van a realizar de manera prioritaria, podrían llevarse a cabo todas las que aparecen en el listado diseñado por decisión popular, y sobre el que más de cuatro mil gijoneses están votando estos días para señalar cuáles serán prioritarios. Podrían hacerse, sin problemas, los accesos a Nuevo Roces, la acera de la carretera del Obispo, la mejora de la pista de La Algodonera, la ampliación del Albergue de Animales de Serín y hasta el sursum corda.
El problema es cuando se dispara con pólvora ajena. Cuando se utilizan con ligereza las finanzas públicas ocurre como en el caso fallido de los planes de empleo: que el dinero de todos se va por el sumidero, como si el Ayuntamiento fuera propietario del filón áurico de las minas del rey Salomón.
