Si quien hizo la ley fabricó la trampa, la solución a las frecuentes demandas judiciales contra los planes de empleo del Ayuntamiento de Gijón no está en la rabieta de amenazar con suspenderlos, sino en redactar unas bases que no dejen resquicio al coladero, la indemnización o la picaresca. Unos planes inmaculados que ningún juez ni algún aprovechado puedan poner en entredicho.
Partiendo del hecho de que una administración local poco puede hacer en el empeño de atajar el grave problema del desempleo, lo poco que esté en su mano ha de llevarlo a cabo de manera eficiente y efectiva, no ineficaz ni chapucera. Quedan muy aparentes los pronunciamientos de campaña y los discursos de investidura en los que uno o una se compromete a poner freno al paro, pero no se puede desde un Ayuntamiento, sin haber sufrido un ataque de grandilocuencia y osadía política, intentar derribar a un dragón con un tirachinas. Atacar el drama del desempleo local no queda al alcance de la mano de alcaldes y concejales, sino que depende en gran medida del compromiso de los empresarios, a los que hay que ofrecer incentivos que permitan crear puestos de trabajo desde su propio Ayuntamiento.
Hay que mantener los planes de empleo municipales como vía para ofertar un ingreso temporal a quienes no han tenido aún ningún empleo o lo han perdido definitivamente. Mejor cobrar por trabajar que aguardar a que caiga del cielo la beneficencia. O sea, más planes de empleo y menos renta social. Y si lo que falla no son los planes sino la ley que los sustenta, lo que hay que cambiar es la ley.
