Las condenas de inhabilitación dictadas por el TSJ de Cataluña contra Artur Mas y sus exconsejeras Ortega y Rigau inauguran la penalización de responsabilidades políticas cuando ya asoman las monetarias del "caso Palau". Puigdemont está entre dos fuegos: el descrédito de los principales dirigentes de su partido, el PdCat (antigua CDC) por presuntas corrupciones; y la cantada mayoría de Esquerra Democrática en el bloque independentista si anticipa elecciones como respuesta a la obstrucción estatal del referéndum. Lo uno es malo y lo otro es peor. Con Oriol Junqueras como futuro líder de Junts pel sí, el tinglado de la desconexión puede ensayar variables que eviten o aplacen el fin propuesto, menos graves que el estigma de un fracaso después de tanto desafío. Esquerra tiene menos prisa porque no sufre procesos y condenas judiciales. Y, a lo mejor, prefiere limpiar la era antes de seguir adelante.
En su primera declaración ante el Parlamento catalán, amenazó Pujol con hacer caer todas las ramas del árbol si intentaban cortar la de su clan familiar. Esta amenaza no era retórica sino muy precisa. De que se la tomaron en serio da prueba el silencio del PdCat ante ese concreto affaire, que nada tiene que ver con el ideal independentista. Pero la chapucera aceleración del "procés" emancipatorio, con argucias que tratan de burlar el debate parlamentario de la legislación preparatoria, podría tener menos de objetivo político que de huida de un código penal muy explícito, a fin de instaurar localmente otro más poroso a la exculpación y el archivo de los delitos del -hasta ahora- poder catalán. Por si algo faltara, el "caso Pretoria", que implica a varios dirigentes pujolistas, acaba de debutar en el escenario del 3 o el 4 por ciento.
Artur Mas ya parece enredado en las corrupciones presuntas, más feas que las infracciones "heroicas" de la ruptura con el Estado. Tendrían que ser potencialmente corruptos, o corruptibles, los ciudadanos dispuestos a cerrar los ojos al enriquecimiento o la financiación ilícita de sus dirigentes y partidos. Y no lo son. Por no serlo, la expiación de los aprovechados exige que rueden cabezas y no se cuelen semejantes handicaps en el paraíso de la independencia. Empieza a desgajarse la segunda rama del árbol evocado por Pujol. El margen de movimiento de Mas se reduce y precariza en el área política a medida que el discurso de los posibles delitos se adueña de la opinión. Alavedra también quiere confesar a cambio de una reducción de las penas que pida el fiscal. ¿Acompañarán a Mas miles de catalanes hasta la puerta del Tribunal cuando sea citado por las confesiones de Millet, Montull y otros examigos?
