En muchas ocasiones, defender los derechos humanos es una actividad extremadamente peligrosa. Las personas que hacen activismo en favor de los derechos humanos se enfrentan a menudo a campañas de difamación y denigración y pueden llegar a ser objeto de amenazas, ataques, tortura y desapariciones forzadas, e incluso algunos son asesinados a manos de agentes estatales y no estatales que quieren silenciarlos. Muy frecuentemente se producen pocos avances en la investigación de esos ataques y tampoco se hacen progresos para llevar a los responsables ante la justicia.
Amnistía Internacional documenta en su último Informe Anual que en 2016 se dieron casos de personas a quienes mataron por defender los derechos humanos en 22 países. Las mataron por actividades como cuestionar arraigados intereses económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas u oponerse a los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.
Pese a que existen mecanismos internacionales y regionales para proteger a las personas que defienden los derechos humanos, muchas de estas personas siguen sufriendo hostigamiento, intimidación u otros abusos, porque se preocupan por los derechos en la medida en que los seres humanos los disfrutan o carecen de ellos y ponen al descubierto la inmensa brecha existente entre el compromiso teórico de los Estados con los derechos humanos y el cumplimiento de este compromiso en la práctica.
En Asturias conocemos bien esta realidad, pues desde que en el año 2001 se puso en marcha el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, impulsado por el Gobierno asturiano en colaboración con organizaciones sociales asturianas y colombianas, han sido acogidas en nuestra Comunidad más de cien personas procedentes de dicho país en situación de riesgo (sindicalistas, defensores de los derechos humanos, dirigentes campesinos e indígenas), que nos han dejado su testimonio y un dato estremecedor: dos sindicalistas que estuvieron acogidos en Asturias fueron asesinados a su regreso a Colombia -Luciano Romero Molina y Henry Ramírez Daza- y otras cinco personas amparadas por el mismo programa sufrieron nuevos atentados al volver a su país.
Las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Colombia, en México, en Guatemala, en Honduras? realizan sus actividades en contextos muy hostiles y enfrentan un alto riesgo debido a su labor. El asesinato de la dirigente indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en Honduras, el 3 de marzo de 2016, fue una pavorosa advertencia a quienes hacen activismo. Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), había realizado una labor de defensa de las comunidades locales y de sus tierras -y contra el proyecto de construcción de un embalse- que le había granjeado un reconocimiento mundial. Su trágica desaparición no ha hecho más que acrecentar su legado y reconocimiento internacional. En Asturias ha sido objeto de diversos homenajes, como el que le tributaron la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo en septiembre de 2016, con la inauguración de una placa conmemorativa en el parque Ismael Fuente de Oviedo y el estreno de la canción "Me acuerdo del agua", compuesta para Berta por Julio Arbesú e interpretada por Anabel Santiago.
Cuando Berta Cáceres fue asesinada se encontraba con ella su amigo y compañero Gustavo Castro Soto, de México, también defensor de derechos humanos de la tierra, el territorio y el medio ambiente en América Latina, con amplísima experiencia en la región. Gustavo Castro fue fundador de la organización Otros Mundos AC con sede en Chiapas, México, y es miembro de la coordinación nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas, de la Red Latinoamericana contra las Represas y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero. Siendo el único testigo directo de la muerte de Berta Cáceres, sufrió numerosas penalidades, está amenazado de muerte y actualmente se encuentra en España acogido por Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional trabaja con defensores y defensoras de los derechos humanos desde que se fundó, hace más de medio siglo. A lo largo de los años, la organización ha presenciado y se ha esforzado por combatir diversas tácticas represivas desplegadas por gobiernos de todas las tendencias políticas para silenciar a ese colectivo. Protegerlos es una prioridad para AI y la Sección Española cuenta desde 1998 con un Programa de Protección Temporal de Defensores/as, que facilita acoger temporalmente a personas en peligro inminente de violación y abuso contra sus derechos fundamentales, al tiempo que les permite continuar su trabajo en favor de los derechos humanos, mediante actividades vinculadas a este fin en un contexto de seguridad.
Gustavo Castro Soto se encuentra estos días entre nosotros, invitado por Amnistía Internacional Asturias, para participar en diferentes actividades como experto medioambientalista y defensor de los derechos humanos. El día 2 de mayo intervendrá en el Club de Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, donde nos pondrá al tanto de su lucha e inquietudes y evocará la figura de Berta Cáceres. La voz de quienes, a pesar de las amenazas, se arriesgan para hacernos llegar su mensaje en defensa de los derechos humanos es siempre un testimonio que impresiona y merece todo el apoyo y atención.
