Yo que Puigdemont saldría inmediatamente en TV3 para pedir que cesen los escraches a policías y guardias civiles. Y no porque esté mal cebarse con los cuerpos que intentaron impedir por la fuerza la votación ilegal del domingo, sino porque al Govern le conviene que los agentes se queden en Cataluña, para que continúe la represión. "Necesitamos más, por favor", debería empezar el libertador del flequillo en su alocución al pueblo. "Compatriotas, dejadlos que permanezcan aquí y que nos den más palos. Ánimo, recibidlos orgullosos y no os pongáis a cubierto en el bar, que la liberación ya está cerca".
Se crea o no, las cargas policiales del domingo son fruto de un plan bien trazado, aunque no por el timorato Ministerio del Interior, sino por el astuto Govern y los Mossos desleales, como fácilmente puede comprobarse por los cuantiosos réditos mediáticos que está embolsándose el bando "indepe" gracias a las torpezas de Zoido.
El plan consistía en que los Mossos hicieran de Policía "progre", amiga de la resistencia pasiva (pese a las hostias que repartieron cuando el cerco al Parlament, en junio de 2011), de manera que los otros dos cuerpos de seguridad cargaran con el muerto (que afortunadamente no hubo). Y todo a sabiendas de que los efectivos con que contaban las fuerzas del orden no eran suficientes para frustrar completamente la votación. Y de que, por respeto competencial, Madrid dejaría que los agentes autonómicos llevaran la voz cantante: el mismo error que Interior cometió en los atentados del 17 de agosto.
La combinación de imágenes de felices catalanes votando, e imágenes de policías y guardias repartiendo estopa, ha sido letal para el Gobierno de Rajoy y un maná para el Govern de Puigdemont, sobre todo en esta era de la reproducción ad nauseam, que permite ver tantas veces a la misma persona con la cara ensangrentada que uno termina creyendo que son cientos de personas distintas. O que la conoce de toda la vida pese a no habérsela cruzado nunca. En el primer caso, la repetición logra el efecto de la conmoción (por la gravedad de la crisis); en el segundo, de la proximidad ("a ésti conózcolu yo, pegáron-y").
Ahora toca esperar. Puigdemont y Rajoy vigilan mutuamente sus movimientos. El primero tiene en la recámara la declaración unilateral de independencia (DUI) y el segundo el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué anuncio llegará primero? Imposible predecirlo. Rajoy quiere tener apoyo sin fisuras de PSOE y Cs para aplicar el mecanismo que le autoriza a retirar competencias a la Generalitat y forzar la convocatoria de elecciones autonómicas. Hoy por hoy sólo cuenta con el de Albert Rivera, y sin el compromiso de los socialistas recularía. Incluso puede tentarle la idea de convocar elecciones generales, a ver si la marea españolista de estos días le favorece en votos y escaños.
Puigdemont, por su parte, no le tiene ningún miedo a la DUI, pero con el 155 se aseguraría más palos para ampliar la base independentista. Además puede marear la perdiz con los resultados definitivos del 1-O, mientras aboga por una mediación "internacional". Hasta que las cifras de la consulta no sean definitivas y alguien las valide, no entraremos en el plazo de dos días dentro del cual, según la ley del referéndum, el Parlament podrá declarar la independencia en una sesión ordinaria. Problema: hay que decidir quién proclama los resultados, dado que la Sindicatura Electoral está disuelta. El Govern no quiere, pues vulneraría la legislación aprobada ad hoc en el escandaloso plenario de los días 6 y 7 de septiembre. ¿El Parlament, entonces, repitiendo la imagen de la Cámara semivacía de aquellos días? ¿Sólo 72 diputados de 135 tomando la decisión de separarse del resto del Estado?
Hoy se reúne la Mesa de la Cámara, en teoría para fijar la fecha del Pleno donde la DUI sería declarada. Entonces sabremos más.
