En su campaña contra la oficialidad del asturiano (que, en realidad, va más allá de ese objetivo, pero eso es materia de otra reflexión), el PP aduce, como muestra de su buena disposición hacia nuestra lengua, el haber sido los autores de la vigente Ley de uso y promoción del bable/asturiano, publicada el 28 de marzo de 1998, en fechas en que regía el país el Gobierno de Sergio Marqués, enfrentado ya desde hacía tiempo con una parte notable del partido.
He aquí una expresiva muestra de esa atribución al partido de Rajoy de la citada Ley 1/1998 hecha por un dirigente: "Su uso [el del asturiano], amparado y fomentado bajo una Ley de 1998 aprobada por un gobierno del Partido Popular?". He aquí la mentira llevada al límite: los gobiernos no aprueban las leyes, las aprueban los parlamentos.
Pero es que, además, no fueron ni el PP ni el gobierno de Sergio Marqués quienes impulsaron la Ley. Más aún: en alguna medida una parte del PP hizo lo posible para que no saliese, o para que, a lo más, fuese un engendro.
Recordemos las circunstancias: 1995. Regnante Julio Anguita, IU se empeñó en desbancar al PSOE de los gobiernos, con la voluntad de ir ganándolo en votos. En las elecciones autonómicas de ese año, el PP, con Sergio Marqués al frente, quedó el primero en escaños, 21. IU, que sumaría más diputados con el PSOE, no quiso apoyar a este. En consecuencia, el PP se hizo con el Gobierno.
La fórmula de votación del Presidente facilitó que Sergio Marqués, sin mayoría, lo fuera, pero sus 21 votos no permitían que salieran adelante los presupuestos que, en aquella coyuntura y con una previsible alta inversión, vendrían a revertir la situación de crisis y alto paro en que nos hallábamos. Inopinadamente, el señor José Antonio Saavedra abandonó el grupo de IU, pasó al Mixto y se declaró dispuesto a apoyar las cuentas asturianas. Yo, que representaba al PAS y que me había mostrado anteriormente proclive a apoyar los presupuestos, por su necesidad para el empleo y la actividad económica, cumplí con lo que había anunciado.
Como contrapartida a aquel apoyo, los presupuestos incluyeron determinadas medidas económicas y de inversión, se propició la rebaja del IAE y se acordó poner en marcha la tramitación de la citada Ley, Ley que, por cierto, en su día, había sido incapaz de sacar adelante en la Xunta el Gobierno de don Pedro de Silva.
Pasó más de un año y de aquel texto legal no había noticia. Xesús Cañedo y yo acudimos a ver al Presidente para exigir el cumplimiento del pacto. Nos envió a Cultura a ver cómo andaban las cosas. Quedamos horrorizados. El texto que se manejaba con tanta morosidad, sobre bastante inútil para la normalización del asturiano, era un engendro que contenía todos los tópicos que venían sosteniendo desde hacía tiempo cuantos querían reducir el idioma asturiano a un conjunto de dialectos y subdialectos, bueno (esto es, buenos) acaso para los monólogos y para vender vacas, pero inservible para la vida ciudadana y aun para entenderse de valle a valle (sic).
(Merece la pena recordar aquí dos cosas: la primera, que no habían pasado cuatro meses del nuevo gobierno cuando la veda contra él ya se había abierto en el PP. "¿Nun vos paez qu'esti Presidente nun val pa nada?", nos decía en Madrid, ante mi asombro, el Presidente del PP a los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, en conversación previa a un acto interautonómico en el Senado. La segunda: durante todo ese tiempo de paralización se trasladaron, día sí, día no, incesantes presiones de ciertas fuerzas vivas a las orejas de los mandamases del PP que estaban fuera del Gobierno para que la ley no saliese o su alcance fuese nulo).
Pues bien, Xesús Cañedo y yo volvimos a ver al Presidente, con él nos encerramos y acordamos lo sustancial del texto vigente (en el trámite parlamentario recibió algunas enmiendas), del que debo destacar el término "lengua tradicional de Asturias", que tiene un importantísimo alcance jurídico.
En su camino hacia convertirse en ley el proyecto sufrió el filibusterismo del PSOE para que no saliese adelante, padeció la absoluta incomprensión del asturianismo y de los sindicatos (quienes continuamente, por cierto vienen apoyando sus reivindicaciones y exigencias en la Ley que en su día vituperaron) y, con seguridad, las insidias internas en el campo del PP, convertido ya entonces en una continua conspiración en voz alta contra su propio gobierno. Pero todo ello es materia de otra historia.
No realizo este ejercicio de memoria para blasonar de aquellos episodios y de este su fruto, tampoco para echar en cara a los actuales portavoces del PP su ignorancia, atrevimiento o mala fe, sino por un acto de caridad. Si llegan a leer la Ley 1/1998, descubrirán que muchos de los males que achacan a una posible oficialidad, como que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración en asturiano o que se pueda valorar el conocimiento del asturiano para determinadas plazas, entre otras cosas, ya están en la Ley que ellos dicen suya (no se olvide que un juez elevó la Ley a instancias superiores por entender que incurría en prácticas que sólo la oficialidad podía permitir). Por eso lo hago, para evitar que les dé un mal si llegan a enterarse de que la Ley de que quieren apropiarse alienta derechos en cuya negación quieren basar su oposición a la oficialidad. ¡Qué sería de ellos entonces! ¡Prubitinos!
