Los jueces, en su particular y farragoso argot, han dicho «basta». Han dicho que ya está bien de aprobar planes urbanísticos a la trágala, a espaldas de los ciudadanos y a sabiendas de que serán anulados porque vulneran la legislación vigente. Han dicho que pasa de castaño oscuro que los ayuntamientos se burlen de la justicia cuando siguen aplicando normas irregulares y anuladas, escudándose en recursos de casación que todo el mundo sabe que se irán directos a la papelera del Juzgado. Han dicho que si un plan es declarado nulo, aunque se recurra la sentencia, los instrumentos de desarrollo derivados de él deben ser anulados. Y han dicho, sobre todo, que los ayuntamientos tienen que cambiar radicalmente la forma de elaborar sus planes de ordenación. Que no se puede decidir de espaldas al ciudadano. Que los votos no dan la razón, sólo el derecho a ejercer el poder en nombre del pueblo. Que el urbanismo es cosa de todos. Y que los políticos están para servir. Todo eso, a su manera, lo han dicho los jueces. Sabios.
