Ribadesella, P. MARTÍNEZ

Los alcaldes pedáneos de Sardéu y Calabrez, en Ribadesella, han recogido la firma de otros 29 representantes vecinales del municipio para pedir un cambio en la legislación urbanística de ambos pueblos, calificados de «interés agrícola» y en los que, con la norma actual, sólo pueden rehabilitar o construir, y con limitaciones, quienes cotizan la Seguridad Social Agraria. Así lo explicó ayer Miguel Ángel Somoano, alcalde de Sardéu, quien aseguró que «firmaron casi todos» los pueblos de Ribadesella.

Quieren «crear una figura urbanística» que permita a quien tiene una ruina o un terreno, pero no cotiza la agraria, tener una vivienda allí. En los últimos ochenta años, en Sardéu sólo se construyeron «cuatro casas» y, en la actualidad, «tres personas» trabajan en la agroganadería. Por lo tanto, sólo estos tres vecinos pueden habilitar una casa en la localidad riosellana y en ambos pueblos hay más viviendas entre ruinas y abandonadas que en condiciones de habitabilidad. En Sardéu «hay veinte habitables; con gente de seguido, catorce», frente a las «veintitrés en ruinas o no habitables», calcula el alcalde, quien advierte del peligro que corren estos pueblos de quedar abandonados. «Si sigue esta catalogación, desaparecen», añade.

Somoano afirma que, «en principio, donde se tiene que poner la primera piedra es en el Ayuntamiento de Ribadesella, luego irá a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y allí decidirán». Pide «conocer la opinión» de la alcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández Román, y de su grupo político, Foro Asturias, al respecto. El representante vecinal desea «que nos reciba, saber su opinión y qué tienen pensado hacer» y apunta que el resto de los grupos políticos «nos dice que sí, pero nos falta saber la idea de Foro Asturias». A su juicio, es tiempo de «pararse a mirar el Plan Urbanístico y ver qué se puede hacer».

Para la alcaldesa riosellana, el urbanismo «es algo muy serio» y explica que «se está haciendo un estudio y examinando al detalle el Plan General», un documento que «nos dejó el anterior equipo de gobierno» y en el que están encontrando «bastantes cosas que hay que cambiar». Cuando se acabe este informe, se convocará «una comisión informativa para informar con fundamento jurídico y urbanístico. A partir de ahí podemos ver qué se puede hacer».

Fernández Román considera que las reivindicaciones de Sardéu y Calabrez son «muy justas» y «lógicas, lo que no se puede es tener pueblos abandonados y ruinas», pero entiende que necesitan «unos fundamentos jurídicos y urbanísticos para dar contestación».

La Alcaldesa apunta que, tras estos análisis, se verá «qué opciones hay» y pide «tratarlo con máxima rigurosidad, no es una cosa banal», concluye.