El Ayuntamiento de Llanes se ha declarado en rebeldía, al desoír la orden de la Dirección General de Urbanismo de revisar la licencia concedida para ampliar el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. En una decisión que algunos expertos consideran "sin precedentes" y "presuntamente delictiva", la alcaldesa de Llanes, la socialista Dolores Álvarez Campillo, con el respaldo de varios informes del secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, a los que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, ha decidido "inadmitir" la resolución de la Dirección General del Urbanismo por la que se le concedió un mes de plazo para revisar la licencia municipal concedida hace un año para ampliar el hotel Kaype, al considerar el organismo regional que los "incumplimientos" observados constituyen "una infracción grave" de la legalidad vigente y, en consecuencia su "nulidad de pelo derecho".
La regidora basa su decisión en los informes técnicos y jurídicos, así como en la alegación presentada por la propiedad -la empresa Carrera y Pérez S. L.-. Entre los argumentos que esgrime la dirigente llanisca figura que la resolución por la que se le exigió revisar la licencia estaba firmada por el director general de Urbanismo, José Manuel Cañal Villanueva, y no por la consejera, Belén Fernández.
El Ayuntamiento de Llanes considera un "hecho irrefutable" que la solicitud de revisión de oficio de la licencia "ha sido instada por órgano incompetente". Además, las autoridades llaniscas insisten en que la razón está de su parte en el conflicto suscitado con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en torno al cálculo de la edificabilidad. El organismo regional considera que el Ayuntamiento de Llanes otorgó a los propietarios del Kaype una edificabilidad muy superior a la máxima legal permitida (unos 1.600 metros cuadrados de más).
Asimismo, los servicios técnicos y jurídicos llaniscos mantienen, contra el criterio de Urbanismo, que fue correcto otorgar cuatro alturas (tres, más ático). Ello pese a que en aquellos concejos carentes de planeamiento urbanístico general (Llanes ha visto anulados por los tribunales de justicia todos los planes que aprobó) la legislación vigente señala que "en suelo urbano, mientras no exista planeamiento o norma urbanística que lo autorice, no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables". Y añade: "cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos terceras partes, los ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos". Urbanismo interpreta que este artículo impide superar las tres alturas en Barru, mientras que el Ayuntamiento cree que permite levantar cuatro.
Las autoridades municipales han desoído también la orden de Urbanismo de proceder a la "suspensión de los efectos" de la licencia; esto es de paralizar las obras. De hecho, los trabajos continúan y el nuevo edificio está ya a medio construir.
La orden de Urbanismo vino a dar la razón al abogado Gerardo de la Iglesia, representante de un vecino de Barru, y a la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que recurrieron la licencia, al rechazar todos los argumentos en los que el Ayuntamiento de Llanes basó la concesión del permiso, otorgado tiempo después de que empezaran las obras, lo que motivó también un expediente sancionador.
De la Iglesia, experto en Derecho Público y Urbanismo, indicó ayer que no admitir a trámite la resolución de la Dirección General es "un acto de presunta prevaricación como la copa de un pino". Añadió que nunca en el ejercicio de su profesión se encontró con "una decisión semejante" y lamentó que la previsible "responsabilidad patrimonial futura" por las actuaciones del equipo de gobierno tengan que ser sufragadas "por los vecinos". Según De la Iglesia, el Ayuntamiento, al margen de otras supuestas irregularidades, ha hecho "trampas", al computar bajo rasantes para el cálculo de la edificabilidad.
