El equipo de gobierno de Ribadesella, de Foro Asturias, se ha decantado por la gestión privada para prestar el servicio de aguas, pero ha reducido el periodo del contrato de los diez años que inicialmente se planteaban a cinco. Así lo anunció la alcaldesa, Charo Fernández Román, quien añadió que el documento podrá tener cinco años de prórroga, de manera que el próximo gobierno local "tenga las manos libres para municipalizar si quiere".

El expediente de contratación de la gestión de este servicio se expondrá ante los partidos de la oposición (PSOE, PP y Pueblu) en las comisiones informativas previas al pleno que se celebrará la próxima semana. Foro, que gobierna en minoría, necesita el apoyo de al menos uno de los grupos para sacar adelante esta licitación.

La regidora explicó que "en principio" sí estaba "a favor de la municipalización", pero ahora lo ve "inviable desde el punto de vista técnico y económico. No vamos a poder responder como una empresa con medios municipales". Charo Fernández Román apuntó que no desea "comprometer un servicio tan sensible como el del agua. No quiero ni estoy dispuesta a hacerlo", añadió.

Ribadesella abrió el debate entre gestión privada y pública del agua al prorrogar el equipo de gobierno local el contrato con la actual adjudicataria (con Aquagest y finalización en marzo) y poder meditar la próxima fórmula. Foro encargó una auditoría de la gestión que concluyó que la indirecta es más barata y eficiente.

Pero no todo el mundo opina igual en la Corporación riosellana, donde Pueblu y PSOE detectaron varios errores de cálculo en la citada auditoría. La primera formación incluyó la municipalización del servicio de aguas o en la creación de una empresa municipal que asuma el servicio "de manera eventual hasta que sea posible la total municipalización" entre los requisitos planteados para apoyar el presupuesto de 2016 que Foro presentó para Ribadesella.

La Corporación también abordará en las comisiones municipales el inicio de los trabajos de la RTP (Relación de Puestos de Trabajo) y el informe de las alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación (PGO).