María José Rodríguez, secretaria de la Agrupasción de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) hizo ayer un llamamiento a la "calma", al considerar que en el "caso Kaype" "lo peor ya ha pasado" y los jueces "restituirán la legalidad", en referencia a una hipotética demolición de lo construido gracias a dos licencias anuladas.
En su opinión, los 15,6 millones que pide la propiedad por daños y perjuicios son "un intento de amedrentar a la población", "una petición extemporánea" y "una valoración de parte. Pero a la hora del juicio lo que valdrá será la valoración de los peritos judiciales", subrayó.
Rodríguez cree que el proceso penal, por el que son investigados dos políticos, cuatro funcionarios y un arquitecto, señalará también "a los responsables civiles" con vistas a futuras reclamaciones por daños y perjuicios. Destacó que el actual equipo de gobierno llanisco debe estar "tranquilo", pues "no tiene culpa de nada".
