05 de junio de 2016
05.06.2016

El alcalde llanisco pide al PSOE que destituya a Campillo y a Herrero por el "caso Kaype"

La abogada del vecino denunciante reclama al Ayuntamiento que precinte las instalaciones si aplaza el derribo como solicitó la propiedad

05.06.2016 | 06:08
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, durante su comparecencia de ayer.

Al alcalde de Llanes, Enrique Riestra, de Vecinos x Llanes, no le parece "justo" que los socialistas Dolores Álvarez Campillo y José Manuel Herrero continúen como diputada por el Oriente y portavoz del partido en el concejo, respectivamente, después de sus actuaciones en el "caso Kaype". Así lo expuso ayer el regidor en una comparecencia convocada para "dar la cara" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya rechazado todos los recursos y ordenado la demolición de la ampliación del hotel Kaype, en la localidad llanisca de Barru.

Riestra quiere que los responsables de que el Ayuntamiento se enfrente ahora a una indemnización millonaria (la propiedad pidió 15,6 millones de euros, pero la cantidad real está por determinar) "dejen de esconder la cabeza" y comparte la preocupación por las consecuencias que esto puede tener para la economía municipal con el presidente del Principado, Javier Fernández, también máxima autoridad en la Federación Socialista Asturiana (FSA). El jefe del Ejecutivo no ofreció un apoyo expreso al municipio, aunque Riestra asegura que volverán a ponerle el asunto sobre la mesa. "Alguien nos tiene que amparar", añadió.

La sentencia del TSJA "no pilla de sorpresa a nadie, el pescado estaba todo vendido", comentó el Alcalde, quien confía en que el proceso penal abierto contribuya a poner nombres y apellidos a los responsables de que el edificio se ampliara de forma ilegal. También confió en los tribunales para que no sea el pueblo de Llanes el que tenga que hacer frente a la indemnización. "Espero que la Justicia haga honor a su nombre y encuentre la forma de que los llaniscos no paguen por algo de lo que no han sido partícipes", añadió. Entre tanto, el Ayuntamiento ha rechazado la solicitud de reclamación patrimonial de la propiedad, una cantidad (15,6 millones de euros) que "habrá que ajustar" y que el equipo de gobierno estima inferior, pues la obra ha tenido un coste aproximado de 5,2 millones de euros. A juicio de Riestra, el momento oportuno para determinar esta cifra será después de la demolición.

Sobre la fecha en que la ampliación del Kaype pasará a ser historia y cascotes, el Alcalde pidió a los tribunales "que se pronuncien sobre el aplazamiento -de tres meses- que solicitó la propiedad". Esta moratoria se reclamó para evitar las molestias a los usuarios de la playa de Barru y, claro está, por los intereses económicos de los dueños del hotel. Sin embargo, la jueza Pilar Martínez Ceyanes, en su último auto, da un calendario con el mes de julio como fecha tope para derribar lo construido al amparo de dos licencias municipales declaradas nulas por los tribunales.

La abogada del vecino que recurrió estos permisos, Lucía García, explicó que su cliente no está de acuerdo con que el derribo se paralice y rememoró que no supuso un problema que el edificio se construyera en época estival. Con todo, si lo que se quiere evitar es el perjuicio a los usuarios de la playa de Barru, García pidió al Ayuntamiento que dé "un paso al frente y precinte las instalaciones. No nos parece razonable que se estén aprovechando comercialmente de unas instalaciones ilegales, como está sucediendo", añadió. Este periódico intentó ayer recabar la opinión de José Manuel Herrero, quien declinó hacer declaraciones al respecto hasta conocer el texto de la sentencia.

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