El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, desveló ayer que los servicios jurídicos municipales contestarán próximamente la reclamación patrimonial de 607.000 euros presentada por un particular, Manuel Prieto, por los daños y perjuicios que le causó la expropiación de su vivienda (Casa Amparo), en 1985, tras comprobar que nunca se registró a nombre del promotor que propició el embargo.
El regidor, a falta de lo que indiquen los informes jurídicos, tiene la "sensación" de que los hechos por los que Manuel Prieto reclama la indemnización están "prescritos".
González asegura que su actuación en relación con Casa Amparo fue conseguir la cesión gratuita para espacios públicos del propietario, el Banco de Sabadell, pues el edificio, abandonado, impedía la continuidad de una acera pública y provocaba quejas y denuncias de los colindantes por su estado ruinoso. El edificio se derribó en 2015.
