El Gobierno del Principado y los ayuntamientos asturianos de los Picos de Europa reclamaron ayer al Estado que recupere en el año 2017 las subvenciones del área de influencia socioeconómica del espacio protegido, que este año no se otorgaron. Fue en el transcurso de una sesión del patronato del parque nacional, celebrada en Santander, que será previsiblemente impugnada por los grupos conservacionistas con representación en ese organismo consultivo, al considerar que fue convocada de manera irregular, con solo cuatro días de antelación, en vez de con los quince que establece el reglamento de régimen interno. Los ecologistas de Asturias, Cantabria y Castilla y León sopesan recurrir a los tribunales de justicia para que se anule tanto la reunión de ayer como todos los acuerdos que se adoptaron.

El Ministerio de Medio Ambiente justificó la ausencia de ayudas en 2016 con el hecho de que el Gobierno central haya estado en funciones durante buena parte del año y que únicamente haya tramitado cuestiones "de interés general". Tanto el Ejecutivo autonómico como los municipios confían en que haya de nuevo transferencia económica del Estado para conceder esas ayudas. De hecho, el Gobierno del Principado ha reservado un capítulo para esas ayudas en el proyecto de Prespuestos para el año próximo, ya que aunque el dinero es aportado por el Estado son las comunidades autónomas las que conceden y deciden el destino de las subvenciones.

Pero las reivindicaciones de algunos alcaldes fueron más allá. Así, el regidor de Peñamellera Alta, José Antonio Roque Llamazares, de Foro, demandó un reparto equitativo de las ayudas entre todos los concejos que aportan terrenos al parque nacional. Ello porque algunos municipios, principalmente los que menos terrenos aportan, no han recibido ni un euro en los últimos años en subvenciones.

Por su lado, los representantes conservacionistas leyeron una denuncia por la convocatoria supuestamente irregular de la sesión. Su petición para que la reunión fuera aplazada y convocada en tiempo y forma fue rechazada por las autoridades del Parque. El representante de las asociaciones ecologistas asturianas, Javier Naves, que no asistió a la reunión de Santander, señaló que se está valorando recurrir a los tribunales para pedir la anulación de la sesión de ayer y la celebración de otra convocada legalmente, con 15 días de antelación. "En la anterior sesión nos convocaron y nos remitieron la documentación el día antes. No se puede trabajar de esta manera", denunció.