Los chiringuitos ilegales que se instalan en las orillas del río Sella tienen los días contados. Los representantes de los Ayuntamientos de Parres, Cangas de Onís y Ribadesella mostraron ayer su intención de dejar atrás los colores políticos -gobierna el PSOE, el PP y Foro, respectivamente en cada uno de ellos- para trabajar de forma coordinada en la erradicación de estos negocios irregulares. Lo hicieron durante una reunión en el Ayuntamiento parragués en el que el regidor local, Emilio Longo, recibió a la alcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández, al concejal de Obras y Servicios Públicos, Herminio Antuña y a miembros de la Policía Local de los tres concejos. Del encuentro surgió el compromiso de poner en marcha en Semana Santa una experiencia piloto de control en las márgenes del Sella para impedir situaciones como las de temporadas pasadas, cuando en terreno cangués llegaron a detectarse más de media docena de chiringuitos ilícitos.
Los participantes en el encuentro elaboraron un calendario que trasladarán a Delegación de Gobierno- donde ya mantuvieron una reunión la semana pasada a petición de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade)- que contempla actuaciones conjuntas que entrarán en vigor a partir del 10 de abril. Entre ellas el desmantelamiento de los chiringuitos ilegales y la incautación de sus productos además de la apertura de un expediente sancionador. Así, las personas que se encuentren realizando estas actividades ilícitas podrían hacer frente a fuertes multas y a la pérdida de ayudas sociales en caso de que fueran receptores de las mismas.
El regidor parragués aseguró que existe "una voluntad firme y enérgica" de erradicar los negocios ilegales de la ribera del río Sella por tres motivos: no cumplen la legalidad vigente, deterioran la imagen de calidad asociada al Paraíso Natural que se promociona desde las empresas de turismo activo y las administración y además pone en riesgo la seguridad de los consumidores: los productos que se ofrecen en estos establecimientos no pasan ningún tipo de control sanitario. "Al estar implicadas tantas administraciones se producía una especie de vacío legal en el que los infractores se amparaban pero esta actuación conjunta nos permitirá aunar recursos y ejerceremos una presión sobre los mismos de forma continuada", dijo.
