"El parque nacional de los Picos de Europa funciona mejor cuando estaba gestionado por el Estado", señaló el alcalde cangués, José Manuel González Castro. En su opinión, el Gobierno del Principado está "volcado" con los parques naturales y deja "de lado" al parque nacional. Pidió al Estado y al Principado "que se dejen de pulsos" y que impulsen "políticas que mejoren la vida de los vecinos".
El Gobierno de Cantabria sostiene que solo mediante una profunda reforma se acabará la deriva del parque nacional. Aboga por eliminar el consorcio interautonómico integrado por las tres regiones de los Picos para gobernar el Parque y la asunción de sus competencias por la comisión de coordinación que exige la nueva ley de Parques Nacionales o la firma de convenios de colaboración. "La gestión integrada del Parque no ha funcionado", declaraba hace unos días un dirigente del Gobierno de Cantabria.
¿Qué persigue Cantabria? La continua utilización de eufemismos y frases "políticamente correctas" no esconde del todo un objetivo que comparte con Castilla y León desde hace años: que cada comunidad autónoma gobierne su territorio sin necesidad de pedir permiso a las demás; esto es, que el parque nacional funcione de facto como tres parques naturales, con el Estado en el papel -más o menos testimonial- de garante de la unidad ambiental.
El Gobierno del Principado es el más reticente a los cambios, apuesta por "mantener la unidad", aunque sí está dispuesto a mejorar la gestión; de hecho, integra junto a los otros dos gobiernos autonómicos una comisión que estudia nuevas fórmulas de gobierno para los Picos de Europa. La mayor reticencia del Principado tiene que ver con el papel del Estado en el parque nacional, pues considera que debe respetarse escrupulosamente la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2004 estableció que la gestión de los parques nacionales corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas.
Los grupos ecologistas, por su lado, temen la desmembración del parque nacional. En realidad sospechan que esta ya ha comenzado. Así, han denunciado que el Gobierno de Cantabria ha roto la fórmula de gestión consensuada suscrita por las tres comunidades de los Picos en 2011, al ordenar unilateralmente y sin informar al consorcio cambios sustanciales en las condiciones y funciones laborales de los trabajadores de aquella comunidad en el Parque. Esa decisión provocó un frontal rechazo de los guardas y los guías afectados. Los grupos ecologistas quieren que este asunto sea debatido en la próxima reunión del patronato del parque nacional.
