Una jueza ovetense ha anulado la licencia municipal concedida por el Ayuntamiento de Llanes para construir una nave ganadera en la localidad de Porrúa. Lo inusual del caso es que fue el equipo de gobierno el que impugnó su propia licencia, tras comprobar que había quebrantado la ley al concederla. La jueza da la razón al Ayuntamiento y anula la licencia al considerarla lesiva. El propietario del edificio ya señalado ante el Juzgado la posibilidad de reclamar al Ayuntamiento una indemnización por daños patrimoniales. La sentencia no es firme y puede recurrirse en apelación.
El Ayuntamiento de Llanes había concedido el 3 de diciembre de 2015 licencia de obras a una sociedad para construir un almacén agrícola en Porrúa, en un paraje situado a menos de 100 metros de distancia de varias edificaciones, por lo que resultaba obligatorio aportar la conformidad de todos los propietarios afectados. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) había advertido previamente a las autoridades municipales de que a ellas les correspondía "comprobar, antes del otorgamiento de la licencia urbanística, que las firmas aportadas por el solicitante se corresponden con los titulares de las edificaciones situadas a menos de 100 metros de la que se pretende construir y tramitar". El Ayuntamiento no lo comprobó y varios propietarios alegaron que no habían firmado.
La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) aportó a la jueza un listado con 16 propietarios que deberían haber otorgado su conformidad a la construcción de la nave y no lo hicieron. Esta carencia implica que la construcción es "lesiva para el interés público" porque constituye "una infracción urbanística grave", señala la sentencia.
El 7 de junio de este año, la concejala de Urbanismo, Marián García, decretó la paralización inmediata de las obras y tres días más tarde precintó las instalaciones y los elementos auxiliares de la construcción. Ella misma había firmado la licencia de obras, cuya lesividad y anulación ha declarado ahora la jueza.
