El Ayuntamiento de Ribadesella debería gastar 7,74 millones de euros para cumplir la Ley de Patrimonio Cultural, aprobada por el Principado en 2015 y que obliga a los municipios a hacerse con la titularidad de los yacimientos arqueológicos, ya sea mediante expropiaciones o por "procedimientos de gestión urbanística".
El estudio financiero del futuro Plan General de Ordenación (PGO), en tramitación, detalla el coste estimado de los 38 de los 39 bienes arqueológicos del concejo afectados por la ley. ¿Y el número 39? Pues al tratarse del casco medieval de la villa (17.000 metros cuadrados de suelo urbano), ni siquiera se valora su potencial expropiación por dos motivos: en gran parte es viario público, y el resto vivienda colectiva; esto es, edificios particulares y habitados. En todo caso, el estudio económico se limita a listar los yacimientos y su coste, pero este ni siquiera se considera en los cálculos "por su grado de indefinición".
El PGO incluye en la relación de yacimientos a expropiar cuatro bienes de interés cultural (BIC): Covarrosa; la cueva de San Antonio; la Cuevona de Ardines; y la cueva de La Lloseta. Su expropiación saldría relativamente barata: 16.993,55 euros Covarrosa, 1.085,15 San Antonio, 3.154,65 la Cuevona y lo mismo La Lloseta. Nada que ver con la millonada que costaría expropiar algunos de los yacimientos incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA). Por ejemplo, 1,46 millones de euros la cueva del Cuetu, en Sebreñu, y 1,38 millones la Cuevona de Sardéu. Entre los yacimientos más "caros", la cueva de Bones (845.000 euros), la cueva Carmona de Berbes (711.783 euros) y el abrigo de Fresnu (452.574 euros). Todo ello valorando el suelo rústico a 2 euros por metro cuadrado y el ya edificado a 40 o 58 euros, según el caso.
La ley autonómica exige a los ayuntamientos que califiquen los suelos en los que se sitúan los yacimientos como sistemas generales, pero ningún municipio hasta ahora la ha cumplido, más allá de declaraciones de intenciones. La mayoría de los yacimientos se sitúan en suelos no urbanizables, por lo que resulta muy complicado "incluirlos o adscribirlos a polígonos o unidades de actuación con exceso de aprovechamiento urbanístico real", como señala el texto normativo del Principado.
El PGO sí considera en el estudio financiero el resto de las actuaciones públicas sugeridas por el equipo redactor, que suman un coste estimado de 15,96 millones y entre las que figuran tres "proyectos vinculantes", porque su tramitación ya está en marcha: el abastecimiento de la zona oeste del concejo, que costará 1,5 millones; la captación del túnel del Fabar, de 600.000 euros; y el saneamiento del río San Miguel, que atraviesa la cueva de Tito Bustillo, de 1,20 millones.
Aparecen otros ocho proyectos de "vinculación orientativa", sin compromiso de las administraciones estatal y autonómica para su financiación. Destaca el saneamiento y abastecimiento de los pueblos que carecen de este servicio, valorado en 4 millones, aunque se señala en el PGO que podría "fragmentarse en varias áreas". El vial de La Rozada a Oreyana costaría 2 millones. Hay tres proyectos valorados en 1,5 millones: la conexión viaria polígono de Guadamía-Camangu, el tratamiento de la vía de Feve en Ribadesella y el paseo peatonal de la margen izquierda del río Sella. Un millón costaría la senda peatonal propuesta entre las áreas recreativas de Guadamía y El Infierno, 800.000 la construcción de un nuevo acceso al barrio de El Fuerte y 360.000 euros la dotación de zonas verdes y espacios públicos en la zona situada entre la plaza de Santa Ana y La Guía.
El PGO desglosa el reparto de la financiación, meramente orientativo. De los 15,96 millones que costarían las 11 actuaciones, el Ayuntamiento aportaría 4,89 millones, por 8,19 el Principado y 2,88 el Estado.
