El gerente de la Fundación Faustino Sobrino de Llanes, Daniel Marcilla, rescindirá de manera urgente por orden del patronato -dirigido por el Ayuntamiento- el contrato de auxiliar de geriatría en la residencia de la entidad que fue firmado el pasado miércoles con C. N. C., la mujer acusada de intentar envenenar a dos compañeros de laboratorio en el hospital del Oriente, en Arriondas (Parres).
El juicio será el 21 de febrero en el juzgado de lo penal número 2 de Oviedo. El Ministerio Fiscal pide para ella 4 años de cárcel y 12.000 euros de indemnización como presunta autora de dos delitos de lesiones y otros dos contra la integridad moral cometidos en 2015. Los análisis determinaron que introducía en la agua de los intoxicados salfumán, acetona, vinagre y sangre. La mujer trabajaba como técnica de laboratorio con un contrato como personal laboral con destino fijo.
C. N.C. ha trabajado de manera temporal en la residencia Faustino Sobrino desde el pasado miércoles cuando fue contratada como auxiliar de geriatría para sustituir a una persona que a su vez cubría la baja de otra auxiliar. La profesional trabajó a finales de año en una residencia privada de Nava, también como auxiliar de geriatría.
El patronato de la Fundación privada llanisca que gestiona el Ayuntamiento optó ayer por ordenar al gerente el despido "inmediato" de la auxiliar al conocer la causa pendiente de esta persona con la justicia.
"Por instrucciones del patronato se va proceder a la rescisión de su contrato. En el momento en que se contrató a esta persona no sabíamos que tenía un juicio pendiente", dijo ayer a LA NUEVA ESPAÑA el gerente, Daniel Marcilla. Tanto éste como el patronato han querido dejar claro que respetan la presunción de inocencia de la acusada, para la que piden respeto.
La contratación de C. N. C., explicaron, ha seguido lo estipulado. El Ayuntamiento de Llanes eliminó todas la bolsas de trabajo relacionadas con la residencia tras cerciorase de que la contratación de empleados para este tipo de entidades no está sujeta a la normativa por la que se rige una administración pública. Desde ese momento la responsabilidad de la contratación de personal temporal corre a cargo del gerente en base a cinco pasos: recepción de currículos, entrevista personalizada, valoración profesional en base a un cuestionario, "test psicológico actitudinal" denominado 16 PF -que, en calidad de psicólogo, hace el propio Marcilla-, seguido de una reunión de todas las personas que han participan en el proceso de selección (uno o dos profesionales de la misma categoría que el aspirante) y una segunda entrevista. Para los contratos de larga duración hay una comisión de contratación en la que además de Marcilla están presentes los ediles Soledad Celorio y Juan Carlos Armas.
C. N. C. era técnica de laboratorio en el hospital de Arriondas cuando en octubre de 2015 fue detenida por la Guardia Civil tras, supuestamente, intentar envenenar a dos compañeros por rencillas personales tras no concretarse un ascenso al que aspiraba. Durante la instrucción la jueza decretó una orden de alejamiento de la trabajadora de sus dos supuestas víctimas. La defensa de la mujer negó a este periódico tras conocerse el caso que hubiera constancia de envenenamientos.
