El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha incoado un expediente disciplinario contra la titular del Juzgado de violencia de género de Oviedo, Marta Iglesias López, tras estudiar las quejas recibidas por cerca de una veintena de asociaciones de mujeres. Los colectivos denunciantes la consideran responsable de que el Juzgado especializado de Oviedo no celebre la comparecencia pertinente para decidir si se concede o no una orden de protección a las mujeres que denuncian malos tratos calificadas de antemano por la Policía (según los protocolos estándar) con un riesgo bajo o no apreciado. La Comisión Disciplinaria del CGPJ destaca que ha podido incurrir en "desatención o retraso injustificado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas en el ejercicio de sus competencias".

El CGPJ notificó ayer a los colectivos denunciantes la apertura del expediente disciplinario. El siguiente paso será nombrar a un instructor para que dirija el procedimiento, que debería resolverse en un plazo estimado de tres meses. Para ejercer su defensa, la juez objeto del expediente puede nombrar letrado, si así lo desea, o ejercer ella misma su defensa en el procedimiento, que sigue un trámite similar al de un contencioso. También puede presentar las alegaciones que estime oportunas. Además de analizar las denuncias recibidas, la comisión disciplinaria llamará a declarar a la juez para que ofrezca su versión sobre los hechos. Una vez analizadas las pruebas, en caso de que el CGPJ la considere autora de una falta (leve, grave o muy grave), la juez podría enfrentarse a una sanción, que puede ser económica o bien de suspensión temporal.

Las asociaciones que han elevado al Consejo General del Poder Judicial su denuncia contra la jueza de Violencia de género de Oviedo consideran a Marta Iglesias López responsable de que no se estén celebrando las comparecencias para decidir si se adopta o no una orden de protección para mujeres que han denunciado a sus parejas. Si los cuestionarios con los que evalúa la Policía a las mujeres que presentan denuncia arrojan un resultado de riesgo bajo o no apreciado, en Oviedo no se celebran estas comparecencias, en contra del criterio de la Audiencia Provincial y del artículo 544 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que, una vez recibida la solicitud de orden de protección, el juez de guardia debe convocar una audiencia urgente.

Además, los colectivos denunciantes se agarran a la triste estadística para demostrar que se trata de una situación injusta. Según los datos que ha puesto sobre la mesa el Observatorio de Violencia Doméstica, de las 15 mujeres asesinadas el año pasado en España a manos de sus parejas que habían presentado denuncia previa, 14 de ellas estaban calificadas con un riesgo bajo o no apreciado. Para las asociaciones que han presentado la queja, estos hechos demuestran que los protocolos no son prueba suficiente y que es "imprescindible" escuchar el testimonio de la mujer, como una prueba más en el procedimiento. "Hay que oír a la víctima y a todas las partes para decidir si es pertinente la protección. En caso contrario, se puede estar poniendo en peligro su vida", reclaman las mujeres que plantean la denuncia.

Los colectivos denunciantes son: Asociación de Abogadas por la Igualdad, Asociación contra la Violencia de Género Maeve, Asociación Feminista de Asturias, tertulia feminista "Les Comadres", Asociación Mujeres por la Igualdad de Barredos, Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias, Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Fórum de Política Feminista, Colectivo de Mujeres por la Salud "Nielda", "Milenta Muyeres", Escuela no Sexista de Asturias, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Federación de Mujeres Progresistas de Asturias, Colectivo Feminista "Les Rudes", Unión de Asociaciones Familiares "UNAF", Asociación de Mujeres Violadas y Maltratadas "Cavasym".