El sector de la formación es probablemente uno de los más sometidos a cambios legales o regulatorios. Continuamente aparecen nuevas leyes que modifican el funcionamiento del sistema formativo, también en las empresas. Así, muchas compañías no ejecutan sus planes de formación ante la incertidumbre de que una nueva ley salga a la luz.
Recientemente se ha publicado una de estas normas, en concreto, la ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo del ámbito laboral. Esta nueva ley persigue favorecer la creación de empleo estable y de calidad, contribuir a la competitividad empresarial, garantizar el derecho a la formación laboral, ofrecer una garantía de empleabilidad y promoción profesional a los trabajadores y, sobre todo, imponer un nuevo marco de actuación en las empresas: la corresponsabilidad.
Esta corresponsabilidad, sin embargo, no es entre trabajador -destinatario de la formación- y empresa -quien se beneficia de la bonificación que pueda llegar a aplicarse o no-. El nuevo sistema, en lo que a formación en las empresas se refiere, hace corresponsable a la empresa de formación de la correcta ejecución, seguimiento y evaluación de estas enseñanzas. Una corresponsabilidad en el más amplio sentido del término.
Ante este nuevo marco, y con el objetivo de no limitar el desarrollo de los planes de formación de las empresas, las organizaciones pueden apoyarse en un aliado que les ayude a interpretar este nuevo escenario y evite incertidumbres. Este aliado garantizará el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas, las funciones de seguimiento, control y evaluación, y la adecuación a la actividad empresarial. En Seresco, por ejemplo, cuentan con más de 45 años de experiencia prestando servicios de externalización de formación para empresas, como entidad acreditada e inscrita en el registro de centros y entidades de formación.
Como aliado, explica Alejandro Blanco, director de formación de Seresco, la entidad organizadora de la formación debe contratar a una acreditada o inscrita en el registro de centros de formación para realizar los cursos o incluso impartirlos ella misma, sin subcontratación. “En cualquier caso, estas entidades están sometidas a actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las administraciones públicas competentes y demás órganos de control, asegurando su desarrollo satisfactorio”, añade Blanco.
Por lo tanto, el nuevo marco de corresponsabilidad no sólo compromete a la empresa con unas obligaciones y responsabilidades, también lo hace con la entidad organizadora a la que se externaliza los planes formativos. De hecho, la nueva ley subraya que entre las obligaciones de las entidades de formación está la de “facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de la participación de los alumnos, del aprendizaje y su evaluación”.
Y es que las infracciones que la Administración determine como consecuencia de una inadecuada ejecución o gestión de la formación por parte de las entidades organizadoras harán que respondan de manera solidaria.
Según Alejandro Blanco, nos encontramos “ante un nuevo punto de partida para la gestión de la formación que afecta ya al ejercicio en el que estamos, pero que marcará las estrategias de las empresas y sus departamentos de personas con vistas al próximo año y los sucesivos”.
La corresponsabilidad en la formación, en definitiva, permite a las empresas contrarrestar las debilidades del actual sistema, impulsando una mejor planificación estratégica y vinculando la formación con la realidad del tejido productivo.
La formación permite a los empleados adquirir y desarrollar habilidades, conocimientos y competencias que garantizan su evolución profesional y competitividad en las empresas. La aprobación de la nueva ley supone un cambio importante en cuanto que reafirma el compromiso de las empresas por ofrecer una formación estable, enmarcada en la actividad de la empresa y de calidad.
Más información: www.seresco.es
