Consenso, diálogo y un gran pacto de Estado para consolidar el derecho a la atención social en España. En esa tesis coincidieron todos los partidos políticos (PP-Foro, PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU-Unidad Popular y UPyD) que participaron en la mesa redonda, moderada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera, que analizó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA las propuestas para personas y grupos vulnerables de las formaciones que concurren a las elecciones generales.

Los representantes de los partidos reclamaron medidas para atajar el acentuado "crecimiento de la brecha social" entre pobres y ricos, que puso de relieve la diputada regional de Podemos Rosa Espiño; el "incremento de la pobreza infantil" en España, y el auge de la violencia machista, en la que hicieron hincapié Manuel González Orviz, candidato al Congreso por IU; Ignacio Prendes, candidato por Ciudadanos; Adán Fernández, aspirante de UPyD, y la número tres del PSOE, Natalia González. Para la candidata de la coalición PP-Foro, Ángeles Fernández-Ahúja, "no hay mejor política social que la creación de empleo estable y de calidad". También puso de relieve la necesidad de buscar acuerdos, a la vez que resaltó logros del gobierno de Rajoy como la justicia gratuita para todas las víctimas de violencia machista y la adecuación a la realidad de la ley de Dependencia impulsada por el PSOE y "colapsada en 2011". Adán Fernández reclamó, entre otras medidas, la gratuidad de las escuelas para menores de 3 años y lamentó que España no cuente con la ley de servicios sociales propuesta por su partido.

Natalia González aseguró que los socialistas no entienden el Estado del bienestar sólo desde la óptica de los servicios sociales: "Se necesitan políticas transversales para atajar ese aumento de la pobreza y la exclusión y proponemos un ingreso mínimo vital y un complemento por hijo", señaló. González Orviz pidió una reforma de la Constitución para incluir los derechos sociales. "Me niego a aceptar que se pueda hablar de crecimiento sin justicia social; las normas necesitan recursos". Prendes denunció el desigual reparto de la crisis y consideró prioritario acabar con la precariedad laboral, por ejemplo, "a través de un complemento salarial anual garantizado por el Estado para completar los ingresos de quienes no alcanzan umbrales mínimos". Espiño denunció el desmantelamiento del Estado del bienestar en España. "Las últimas reformas laborales se han traducido en empleos precarios, y en Asturias, en parches a la pobreza con el salario social".