La polémica sobre la seguridad en el Auditorio Príncipe Felipe no es nueva. El recinto abrió sus puertas el 29 de abril de 1999 envuelto en una disputa sobre presuntas carencias en la protección contra incendios, lo que derivó en un proceso judicial impulsado por el Gobierno regional, entonces presidido por Sergio Marqués, para que se procediera a su cierre cautelar. El magistrado José Ignacio Pérez Villamil rechazó tal posibilidad, amparado en varios informes aportados por técnicos municipales y estatales, y la Administración autonómica no siguió adelante.

La inauguración del Auditorio, que costó 2.805 millones de pesetas (16,8 millones de euros), tuvo lugar en plena crisis del PP asturiano motivada por el enfrentamiento abierto entre Marqués y Francisco Álvarez-Cascos, que era vicepresidente primero del Ejecutivo de Aznar. El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, estaba entonces claramente alineado con Cascos, del que, bastantes años después, terminaría distanciándose totalmente.

Los servicios técnicos de la Consejería de Fomento del Principado, a cuyo frente estaba Juan José Tielve, habían advertido la víspera de la inauguración de que el edificio, diseñado por el arquitecto Rafael Beca, tras una adjudicación que fue anulada posteriormente por los tribunales, no cumplía las normas de protección contra incendios ni la normativa municipal en materia de emergencias.

Roberto Sánchez Ramos (Rivi), hoy concejal de Cultura y en 1999 portavoz de IU en el Consistorio, ponía el grito en el cielo unas horas antes de la inauguración porque se permitiera abrir el recinto, con un acto para 1.800 personas, sin que estuviese garantizada la seguridad.

Sin embargo, tanto el Gobierno local como la dirección de la obra garantizaron que todo estaba en orden. El Auditorio Príncipe Felipe abría sus puertas.

La puesta en marcha del equipamiento no amilanó a Marqués y Tielve. Pocos días después, el 7 de mayo, llegaba al Ayuntamiento un requerimiento del Ejecutivo regional en el que instaba al cierre del edificio en base a varias irregularidades con las licencias, el visado del director del proyecto o la falta de una memoria descriptiva de las condiciones técnicas sobre materiales y sistemas de protección contra el fuego. Jaime Reinares, primer teniente de Alcalde de De Lorenzo, negaba las acusaciones. "Todo está en orden", proclamó. Y el Auditorio continuó abierto.

El siguiente paso del Ejecutivo regional fue judicial. Recurso y petición de cierre cautelar. "No se puede afirmar que el edificio reúna las condiciones que para una adecuada protección de las personas le son exigibles (...) en relación con el riesgo de incendios", defendía el Principado.

Sin embargo, el magistrado, en un auto conocido el 7 de julio del mismo año, sostuvo que la Administración autonómica se basaba en "meras sospechas", rechazando sus pretensiones en base a varios informes aportados por el Ayuntamiento, entre ellos los de la Delegación del Gobierno, los Bomberos y la dirección facultativa de las obras del edificio.

Años después, en mayo de 2002, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que la obra del Auditorio se le encargó de forma "arbitraria " a Rafael Beca, atendiendo así una reclamación de Javier Calzadilla, cuyos méritos no fueron bien valorados.