"Mi hijo está con su padre y al menos estaba bien hasta que tuve que entrar en prisión". María Josefa G. F., condenada a tres años de cárcel en 2016 por abandonar a sus tres hijas menores en su vivienda de Pumarín dos años antes, negó ayer en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo que su hijo mayor, nacido en 2009, se encuentre en una situación de desamparo. La mujer, para la que se piden dos años más de prisión por ocultar el paradero del menor, sólo respondió a las preguntas de su abogada, la cual justificó su postura en el derecho a la intimidad del menor. La mujer tiene otro hijo más, bajo la tutela desde hace años del hermano de la acusada.

La mujer advirtió de que sólo respondería a las preguntas de su abogada, Bárbara Sánchez, del despacho del penalista Luis Tuero, declinando así ser interrogada por la Fiscalía y la abogada de la Consejería de Bienestar Social, personada como acusación particular. La mujer señaló que su silencio sobre el paradero del pequeño se debe a un acuerdo con el progenitor y garantizó que el niño estaba en buen estado cuando ella ingresó en prisión en febrero.

La abuela del menor rechazó declarar. No así el tío de la acusada, actualmente en posesión de la tutela de dos de los cinco hijos de la mujer y en trámites para asumir la patria potestad de los otros dos. El hombre dijo haber conocido al menor a los pocos días de nacer en 2009, pero que le perdió la pista cuando apenas tenía un año y viajó con la madre a Portugal. "No llegué a conocer al supuesto padre", dijo, aunque señaló que sí pudo ver alguna foto del pequeño "cuando tenía 2 o 3 años".

Tras las declaraciones, el fiscal mantuvo su petición de dos años de cárcel, justificando la acusación de abandono en que "la patria potestad es un deber y no basta con delegarla sin razón acreditada. Por su parte, la abogada de la Consejería, Antonia Fuentes, defendió el deber de la Administración de conocer el paradero del menor. "¿Por qué no quiere que se sepa el paradero de su hijo? No sabemos si el niño está vivo o muerto", apuntó la letrada, mientras que la defensa apoyó sus argumentos en la falta de pruebas. "No hay nada que demuestre que el niño esté abandonado", indicó Bárbara Sánchez, que pide la libre absolución.