La sección tercera de la Audiencia ha revocado la condena de seis meses de prisión que impuso el Juzgado de lo penal número 2 al dueño de Cubo Express y a los dos encargados de la empresa por un delito de falsificación de documento público. La primera sentencia, firmada por la magistrada María Elena González, consideraba probado que el dueño del negocio (Francisco Javier G. Á.) y dos de sus encargados (Santiago José O. A. y Antonio F. M.) contrataron con identidad falsa al menos a nueve inmigrantes en situación irregular, en su mayor parte senegaleses. La sentencia de la sección tercera, que firma el magistrado Javier Domínguez Begega, considera que no se da ninguna falsificación de documento público, ni tampoco privado, y que no hay pruebas de que se perjudicase a los trabajadores. Añade que no se ha demostrado que se les explotase.
El fiscal argumentó en su día que los tres acusados emplearon a personas extranjeras "a sabiendas de su situación irregular, y abusaron de la misma imponiéndoles condiciones de trabajo muy gravosas, no abonándoles las horas trabajadas" y sin vacaciones. Ese último aspecto no quedó probado durante el juicio.
El asunto se destapó después de que un trabajador sufriese un accidente el 25 de agosto de 2007. Estuvo año y medio en coma y finalmente murió. En su contrato figuraba una identidad. Pero cuando murió, un familiar dijo en la funeraria que se llamaba de otra forma. Los agentes tiraron del hilo y descubrieron que otro trabajador figuraba en la empresa con ese mismo nombre. Cuando irrumpieron en la empresa, en 2009, hallaron un nutrido grupo de trabajadores contratados bajo otra identidad. Los acusados estuvieron defendidos por José Manuel Fernández González, Miguel Simarro y Ana García Boto.
