El concejal de Contratación del Ayuntamiento de Oviedo, Iván Álvarez (IU), impulsó el cambio de la gestión interna de los contratos menores municipales justo después de que se tramitara, a instancias del área de Economía (Somos), el concurso para realizar una lista de comercios de 42 folios por la que el que el tripartito acabó pagando 15.000 euros. En concreto, la modificación, que fue acordada a finales del pasado año, eliminó la obligación de que las licitaciones por debajo de los 18.000 euros pasasen por Contratación y por la Junta de Gobierno, quedando en manos de los máximos responsables de cada concejalía.
En su momento, Álvarez justificó la medida en la necesidad de agilizar la gestión y descargar de trabajo a algunos departamentos del Consistorio. Sin embargo, fuentes municipales achacan la decisión a un intento de acotar la responsabilidad de cada contrato a la concejalía que lo impulsa. El caso del listado de comercios, que está siendo investigado por la fiscalía a instancias de Ciudadanos, habría sido el detonante para cambiar la tramitación de los contratos menores. Y es que, según las fuentes consultadas, el concurso salió adelante tras haber recibido reparos de los funcionarios hasta en cuatro ocasiones.
Este cambio en la gestión de los contratos menores ha sido muy criticado por los dos grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, al entender que, al no pasar ni por el área de Contratación ni por la Junta de Gobierno, se reducen los controles internos de una manera cuando menos preocupante. El edil popular Gerardo Antuña también deja sobre la mesa la "sospecha" de que, en realidad, los socios de gobierno buscaban eludir las responsabilidades sobre las contrataciones de Somos y a lo que calificó como "su red clientelar".
"Demasiado caro"
Aunque la empresa encargada de la realización del listado contó con la colaboración de la asociación de comerciantes Adaco, el alto precio pagado por una simple lista de locales, con muy escasa información adicional, ha llamado la atención de los propietarios de los negocios de los barrios en los que se centró el estudio. "La verdad es que nos parece demasiado caro para lo que realmente es el trabajo", apunta Diego Fernández, vicepresidente de la Asociación de Comercio de La Corredoria.
El tripartito adjudicó el contrato del censo de comercios del distrito en casi 15.000 euros el pasado mes de diciembre, recogiendo en el pliego la obligación de que, en un mes, se recabase abundante información sobre el estado de los negocios abiertos en los barrios de Pumarín, Teatinos, La Monxina, Guillén-Lafuerza y La Corredoria.
Rebasado el plazo de ejecución, Ciudadanos llevó el contrato a la fiscalía al comprobar que en el Ayuntamiento no había ni rastro del trabajo, pero que sí se había firmado la orden de pago. El censo aparecería después, sin fecha de entrada en el Consistorio, pero limitado a una mera lista de negocios, con la dirección, sector y número de teléfono como única información aportada.
A expensas de lo que determine el juzgado, Ciudadanos considera "inaceptable" que el tripartito ovetense haya pagado 15.000 euros por un listado de comercios de 42 folios.
