Oviedo, E. F.-P.
El sistema de protección de menores aún está intentando resolver los problemas que plantea la inmigración de este colectivo, adolescentes que viajan a España en solitario desde sus países de origen en busca de trabajo y cargando con las expectativas de toda su familia. «El interés de los menores extranjeros difiere mucho del de los menores nacionales», observaba la secretaria de la Procuradora General de Asturias, Ana Fernández Miguélez, hace unos días, durante su intervención en una mesa redonda organizada en Oviedo por SOS Racismo y el Colectivo Social y Justicia.
En ese debate, dedicado a la protección jurídica de estos menores, Yolanda Candil, asesora del área de Inmigración y Asuntos Exteriores del Defensor del Pueblo, enumeró algunas de las irregularidades y dificultades legales detectadas por este órgano, como el complejo procedimiento de determinación de la edad, la retención de la documentación de los menores a su salida de los centros para forzar su expulsión o la imposibilidad, en la práctica, de repatriarlos, por la nula colaboración de las administraciones de sus países para localizar a las familias o por la precariedad del entorno al que serían devueltos.
«Cuando un menor se va de su país es un fracaso para el país y para su Gobierno», opina la abogada Ana Taboada, experta en extranjería y voluntaria de SOS Racismo, pero no hacen ningún esfuerzo por evitarlo. Tanto ella como Yolanda Candil abogan por que los niños sean tratados «como sujetos, no como objetos, de su proceso administrativo», que tengan voz ante la ley y que sean consultados acerca de su educación o dónde quieren vivir.
«Tienen derecho a ser oídos», insistió Candil, que comentó que la omisión de esa obligación ha acabado con la anulación de los trámites de repatriación de algunos menores. Candil considera que al atajar los problemas de los menores inmigrantes no acompañados «lo importante es la minoría de edad, no la nacionalidad» de los niños que entran en el sistema de protección.
En Asturias el fenómeno es reciente, nada comparable con lo que ocurre en el Sur o en las grandes capitales. Fernández Miguélez se remontó al año 2006, al que se refieren los datos recopilados por la Procuradora General en un informe sobre este asunto, que fue el de mayor afluencia de menores en la comunidad. Aquel año ingresaron en la unidad de primera acogida 88 niños, en su mayoría, marroquíes y subsaharianos.
Ana Taboada admite que en aquel momento pudo haber una situación «de desbordamiento», pero transcurridos casi cuatro años lamenta que el Principado «siga actuando a trancas y barrancas» y derivando a los menores a centros de gestión privada.
«Lo importante es la minoría de edad, no la nacionalidad de los niños»
<Yolanda Candil >
Asesora del Defensor del Pueblo
«El interés de estos menores difiere mucho del de los nacionales»
<Ana Fernández Miguélez >
Secretaria de la Procuradora
«Cuando un niño abandona su país es un fracaso para el país y para su Gobierno»
<Ana Taboada >
Abogada, experta en extranjería
