Palma / Madrid, Efe
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que enviará un informe al Departamento de Estados Unidos sobre la «convivencia lingüística» en España para demostrar que funciona «razonablemente bien». Este Departamento emitió en marzo un informe sobre derechos humanos en el que recoge una relación de quejas puntuales sobre medidas lingüísticas adoptadas por algunos gobiernos autonómicos, como el País Vasco, Cataluña y Baleares, aunque podría extenderse también a Galicia, Aragón y la Comunidad Valenciana.
Rodríguez Zapatero señaló que la convivencia en las comunidades con más de una lengua cooficial, a pesar de funcionar «razonablemente bien», puede «perturbar el respeto a las dos lenguas». Y precisa que siempre ha tenido la percepción de que esa convivencia lingüística «para la inmensa mayoría funciona bien» y que no hay problemas fundamentales.
El Presidente se mostró dispuesto a trasladar un «completo informe» al Departamento de Estado de Estados Unidos en relación con esta cuestión. Además, manifestó que, en su opinión, hay que tener «respeto a una lengua y respeto a la otra», así como «aprecio y defensa de la lengua propia», y recordó también que su lengua materna es el castellano y que siente la impronta de defenderla.
Por otro lado, la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) considera «una buena noticia» la preocupación del Departamento de Estado de los Estados Unidos por «las imposiciones» de las lenguas autonómicas en varias regiones de España.
El colectivo considera «un serio toque de atención» el informe en el que la Administración americana pone en tela de juicio el respeto a los derechos humanos que suponen este tipo de prácticas.
Desde la ANLL aprecian que dicho informe anual es una muestra más del absoluto rechazo que las imposiciones lingüísticas provocan en quienes defienden la legalidad, el estado de derecho y las libertades individuales.
A juicio de la Asociación, el estudio es una llamada de atención sobre lo incompatible que resulta con las libertades y los derechos humanos, imponer a los ciudadanos la lengua en la que han de escolarizar a sus hijos, «imposibilitando desarrollar numerosas acciones en la lengua oficial del Estado».
