Sanidad atenderá a los «sin papeles» y pasará la factura a sus países

M. S. M. / Agencias

Los inmigrantes en situación irregular que reciben tratamientos crónicos serán atendidos por la sanidad pública, que después pasará la factura a sus países de origen. Así lo comunicó ayer el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero.

Rivero aseguró que esta situación es la que afrontan los españoles si necesitan recurrir al sistema sanitario al visitar otras naciones. «Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social». Tras señalar que existen «bastantes» convenios de colaboración bilateral con otros países, dejó en manos del médico, en caso de que no existan esos convenios, la opción de decidir si es urgente, «y si hay que tratar a ese paciente».

Según su criterio, «no puede ser otra persona» la que tome esta decisión, porque sólo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología «mucho más compleja de la que tiene en ese momento», manifiesta. El secretario general de la Sociedad Españolas de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Salvador Tranche, calificó de «excelente» esta decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad. Tranche, que ejerce como médico de familia en el Centro de Salud del Cristo, en Oviedo, felicitó esta «fantástica» solución, anunciada por Agustín Rivero, que permite seguir prestando asistencia sanitaria a los sin papeles.

«Nuestro objetivo es seguir manteniendo la relación asistencial que tenemos con los inmigrantes. Si esto se consigue a base de que ellos regularicen su situación y se les facture a su país me parece fantástico y es una medida totalmente bienvenida». Tranche también ha instado al departamento que dirige Ana Mato para que cambie «un poco» la propuesta y que la atención al colectivo se realice en las consultas médicas en lugar de en los servicios de urgencias.

La SEMFYC pidió hace un mes a los médicos que recurrieran a la objeción de conciencia para poder continuar atendiendo a los inmigrantes. Desde entonces son ya 1.035 los profesionales los que se han acogido a este derecho. A juicio de la sociedad médica, el real decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España, supone un «conflicto ético» entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y con estos pacientes.

Los profesionales consideran que el ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones, entre ellas velar por el bienestar y la autonomía del enfermo. Por eso han decidido seguir atendiendo a sus pacientes, tengan o no papeles. Ante este pulso, el Ministerio de Sanidad les ha advertido de que su postura es ilegal. «La objeción aquí no tiene sentido, no es el médico el que se encarga de facturar, es el que se encarga de atender al paciente», afirman.

Por otra parte, el presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, denunció ayer el desmantelamiento del sistema nacional de salud público. Según Alonso, el Gobierno del PP ha iniciado un cambio «muy profundo» del Sistema Nacional de Salud (SNS) que abre la puerta al sector privado y a la mercantilización de la sanidad, y deja atrás un modelo que se ha demostrado eficiente y eficaz.

La polémica abierta por la situación en la que quedarán los inmigrantes ilegales no deja de ser, afirma, «una cortina de humo o un señuelo» para distraer la atención de lo realmente supone el real decreto del pasado sábado, que regula la condición de asegurado y beneficiario de la sanidad pública. Asegura que ese decreto constata la supresión del acceso universal y gratuito a la atención sanitaria y la implantación de un modelo de aseguramiento y beneficiencia en el que la financiación se lleva a cabo por parte de los asegurados.

A su juicio, la normativa supone «un paso más en el cambio radical» del modelo sanitario que ha funcionado durante los últimos 25 años lo que conlleva un «nuevo retroceso de los derechos sanitarios» y que ahonda en el desmantelamiento del sistema.

Alonso pide al Gobierno asturiano, al Colegio de Médicos y a los profesionales de la salud que se posicionen contra estas medidas y contra la «indecencia que supone hacer pagar a los inmigrantes».