Una lectura desprevenida del documento sobre la Santa Sede elaborado por el Comité para los Derechos del Niño (ONU) conduciría a la conclusión de que en su trato con la infancia y la adolescencia la Iglesia católica es una institución cruel o, incluso, depravada. El documento, de 16 folios -en internet: "Concluding observations on the second periodic report of the Holy See"-, enumera tal cantidad de situaciones anómalas y graves, o las sitúa como incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que parece imposible que cada año millones de familias en todo el mundo bauticen a sus hijos o los confíen a parroquias, escuelas e instituciones de la Iglesia. ¿Están esos padres conduciendo a sus vástagos a la perdición?
El documento de la ONU es de gran dureza y, sin embargo, conviene aplicarle la máxima de San Ignacio de Loyola de que, en principio, es preferible "salvar las proposiciones del prójimo en lugar de condenarlas". Es decir, que habrá que rebuscar en sus párrafos las advertencias constructivas y, a la vez, esclarecer sus análisis. El texto del Comité se desarrolla en tres planos. Uno, la actuación de la Iglesia con respecto a la citada Convención. Dos, el examen de diversos sucesos terribles, entre los que destaca, obviamente, la extensión de casos de abusos a menores por parte del clero. Y tres, otras consideraciones sobre aborto, contracepción, violencia doméstica, etcétera. En el primer plano, el Comité lanza algunas acusaciones extremas. Por ejemplo, que la Iglesia "no promueve la igualdad entre niñas y niños ni elimina los estereotipos de género en los libros de texto"; o que "contribuye a la estigmatización social y la violencia contra adolescentes gais, adolescentes lesbianas, adolescentes bisexuales o adolescentes transexuales, y contra hijos de progenitores del mismo sexo"; o que no reconoce diversos entornos familiares posibles para el niño (familia monoparental, homosexual, etcétera).
En suma, el documento lamenta que la Iglesia no haya llevado a cabo "el total reconocimiento del niño como sujeto de derechos". No obstante, y tal vez bajo un celo protector extremo, el Comité llega a censurar que "la Santa Sede interprete restrictivamente el derecho de los niños a expresar sus opiniones en todas las materias que les afecten, así como sus derechos a la libertad de expresión, asociación y religión". Pero ¿es acaso la libertad o no de asociación de los niños el problema más crítico de la infancia en el presente? ¿Y qué alcance tiene la libertad de religión en un niño de 5 años?
En el segundo plano, el Comité aborda los grandes capítulos en los que la Iglesia, o algunas de sus instituciones, ha perpetrado tremendos males en el pasado reciente. "La Santa Sede ha antepuesto preservar su reputación a la protección de los menores", sentencia el documento al hablar de los abusos sexuales del clero. No hay objeción posible, ya que el propio Benedicto XVI lo reconoció en su carta a la Iglesia de Irlanda. El documento da en la diana cuando afirma que durante años "reconocidos abusadores sexuales fueron trasladados de parroquia en parroquia, o a otros países, en un intento de encubrir tales crímenes". En efecto, los niveles de ocultación fueron descomunales y ése fue el verdadero pecado de la Iglesia. Sin embargo, el documento probablemente se excede cuando afirma que el problema afectó a "decenas de miles de niños en todo el mundo" y que "la Santa Sede no ha reconocido la extensión de los crímenes ni ha tomado las medidas correctoras". Agrega el Comité que la Iglesia "ha adoptado prácticas que han permitido que prosigan los abusos y la impunidad de los perpetradores", ya que "la práctica de mover a los abusadores les permite seguir en contacto con menores y todavía hoy niños de muchos países se sitúan en un alto riesgo de abuso sexual, mientras que docenas de abusadores de los que se tiene constancia están en contacto con niños". Estas afirmaciones son objetivamente falsas.
El Comité acusa, asimismo, a la Iglesia de haber realizado "esfuerzos limitados para reforzar a los alumnos de colegios e instituciones católicos en la autoprotección del abuso sexual". Nuevamente, la afirmación es falsa, en primer lugar porque lo común en la Iglesia no es que todos los niños tropiecen todos los días con abusadores sexuales, y, en segundo lugar, porque países como EE UU han aplicado medidas casi exageradas para la protección de menores. Por último, el documento apela a que la Santa Sede "enmiende el Código de Derecho Canónico para que el abuso sexual de los niños sea considerado como un crimen y no sólo como "delito contra la moral"".
El documento señala otros asuntos graves, por ejemplo, "los niños nacidos de sacerdotes católicos que en muchos casos no conocen la identidad de esos padres y cuyas madres pueden obtener subsidios económicos de la Iglesia sólo si aceptan un acuerdo de confidencialidad". O el caso de las "niñas recogidas en las casas de la Magdalena de Irlanda, llevadas por cuatro congregaciones de religiosas hasta 1996". Aquellas niñas fueron "obligadas a trabajar en régimen similar a la esclavitud, recibiendo un trato inhumano, cruel y degradante, y fueron sometidas a abusos físicos y sexuales". En efecto, los sucesos de las casas de la Magdalena fueron reales, pero cesaron hace casi 20 años. Por tanto, sólo cabe el reproche del Comité de que el Vaticano no los investigó a fondo en su momento (otro caso de ocultación).
El Comité evoca también los "miles de bebés que han sido separados a la fuerza de sus madres por miembros de congregaciones católicas en varios países, y que fueron dados en adopción". El documento alude al caso español y al irlandés, y de nuevo reprocha a la Santa Sede que "no haya emprendido investigaciones internas ni haya tratado de reunir a esos niños, si fuera posible, con sus madres biológicas".
En el tercer plano del documento, el Comité contempla, por ejemplo, "el extendido y devastador impacto de la violencia doméstica sobre los niños, con su componente de género", y reprocha "la posición de la Santa Sede de que, en orden a no interferir con los deberes y derechos de los padres, las autoridades civiles sólo deben intervenir en la familia en casos de probados abusos o violencia". Y también lamenta que "pese a la considerable influencia de la Iglesia en las familias católicas, la Santa Sede aún no haya adoptado estrategias para prevenir la violencia o el abuso en los hogares".
El caso de la niña brasileña de 9 años que fue violada por su padrastro y a la que se le practicó el aborto en 2009 lleva al Comité a reclamar que "la Santa Sede revise su posición sobre el aborto en el caso de menores embarazadas y modifique el canon 1.398 del Derecho Canónico, para que identifique circunstancias en las que el aborto pueda ser permitido". El documento se refiere también a "las consecuencias negativas de la posición de la Santa Sede de negar el acceso de los adolescentes a la contracepción", con los riesgos de "embarazos tempranos y no deseados, o abortos clandestinos con altos niveles de mortalidad en niñas adolescentes".
Tomado en su conjunto, el documento de la ONU resulta desolador para la Iglesia, pero señala -a veces con inexactitudes- gravísimos errores del pasado cuyo olvido sería aun más dramático.
