La Asociación pro Ayuda a Deficientes Psíquicos de Asturias (Adepas) ha presentado un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el que reclama la "ejecución forzosa parcial" de la sentencia dictada el pasado mes de julio, en la que el citado tribunal obligaba a la Consejería de Bienestar a integrar a la citada asociación en el acuerdo marco para la contratación del servicio de plazas de centro ocupacional, del que había sido excluida. La sentencia instaba a Bienestar Social a "retrotraer actuaciones para que se valorara el mérito consistente en la ubicación del centro, con todas las consecuencias que de ello se deriven".
La Consejería según consta en el escrito de reclamación presentado por el bufete de abogados Valdés-Hevia, declaró a Adepas, tal y como exigía la sentencia, adjudicataria del acuerdo marco y, con fecha de 6 de noviembre de 2014, dictó una resolución requiriéndola para proceder a la formalización del nuevo contrato y abonándole la factura por los servicios prestados en el mes de octubre de 2013.
Pero Adepas considera que esa es una ejecución parcial del fallo, ya que las actuaciones de la Consejería obvian la parte que se refiere a las consecuencias que se se derivan de su errónea actuación, que son sobre todo dos: el dinero que la asociación tuvo que desembolsar durante los meses de enero a septiembre de 2013 para continuar prestando los servicios, algo que nunca dejó de hacer, y el convenio que Adepas tuvo que firmar con el Ayuntamiento de Noreña, donde se ubica el centro, cediéndole sus instalaciones a cambio de que este, a su vez, firmara otro con la Consejería para que esta se hiciera cargo de los gastos y los abonara al municipio, encargado de pagarlos con posterioridad al centro.
La Asociación reclama a la Consejería de Bienestar casi 303.000 euros (gastos más intereses), en concepto de deuda por esos meses y solicita, además, que se deje sin efecto el convenio suscrito entre la Consejería y el Ayuntamiento de Noreña en mayo de 2014.
Fuentes de Bienestar declararon ayer a LA NUEVA ESPAÑA que la Consejería da por "completamente ejecutada" la sentencia del TSJA. "El fallo era recurrible y decidimos acatarlo y ejecutarlo. Nos obligaba a retrotaernos en la valoración de ofertas y en la documentación y así lo hemos hecho. Reunimos la mesa de contratación, dimos la puntuación que se exigía a Adepas y se la incorporó al acuerdo marco. Y así lo comunicamos a Adepas a últimos de 2014", señalaron.
Las mismas fuentes indicaron que, el pasado año, se había dado a Adepas una subvención de 50.000 euros y para 2015 se contemplan otros 50.000 "como medida de fortalecimiento del sector".
Fuentes de Adepas negaron ayer, con rotundidad, haber recibido 50.000 euros de ayuda, tal y como les habían prometido. "En realidad, la consejera Esther Díaz habló de 100.000 euros que después redujo a 50.000, pero no hemos recibido nada".
La decisión de la Consejería de Bienestar de excluir a Adepas de la mesa de contratación del acuerdo marco porque en la documentación requerida faltaban un mapa y un plan de actividades, adoptada en noviembre de 2012, supuso para la asociación importantes perjuicios económicos y de todo tipo. En las Navidades de ese mismo año, la Consejería remitió a los familiares de los usuarios una áspera y fría carta en la que les conminaba a no volver a enviar a sus hijos al centro, lo que causó un notable disgusto a los afectados. La rápida y contundente reacción de la sociedad civil y de los grupos parlamentarios de la oposición en la Junta General, que apoyaron sin fisuras a una asociación que precisamente ese año celebraba sus 50 años de compromiso con la discapacidad, obligó a la entonces consejera, Esther Díaz, a tratar de resolver el conflicto. La sentencia del TSJA supuso un varapalo judicial para el Principado.
Según Adepas, en todo este tiempo no ha habido ninguna disculpa por parte de los responsables de Bienestar.
