El Principado prepara una "planificación estratégica" para el Prerrománico en esta legislatura. El punto de partida será un programa de actividades culturales que organizará al cumplirse los 30 años de la incorporación de algunos de los monumentos a la Lista del Patrimonio Mundial. La inclusión en el mismo de unas jornadas técnicas de reflexión sobre su situación actual y las posibilidades de mejorarlo, de las que deberán salir unas conclusiones o un diagnóstico, serán la base "para comenzar a avanzar en la concreción de un documento de gestión coordinada", que se desarrollará en 2016.
Ésa es al menos la intención de la Consejería de Cultura, según se desprende de la respuesta de sus responsables a una pregunta realizada por el diputado de IU Gaspar Llamazares sobre el calendario de los acuerdos con el Ejecutivo en varias materias, entre ellas el arte asturiano.
La intención de la Consejería es que el documento que se elabore incluya un diagnóstico actualizado de la situación de cada uno de los monumentos, un análisis del estado del entorno, otro del desarrollo actual de su difusión y divulgación en la educación y en el turismo, y otro de las características de la visita turística; una planificación de las actuaciones necesarias en conservación y restauración, haciendo especial hincapié en las pinturas murales, ya que los edificios han sido objeto de intervenciones, y la búsqueda de "compromisos expresos" por cada una de las administraciones implicadas con su conservación.
La declaración de Patrimonio de la Humanidad para los monumentos del arte Prerrománico asturiano tuvo lugar en 1985 y afectó a seis monumentos: San Julián de los Prados (Santullano), Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y la Cámara Santa (en Oviedo); Santa Cristina de Lena, y San Salvador de Valdediós, en Villaviciosa.
Aquella histórica decisión de la Unesco puso al Prerrománico asturiano, el más importante conjunto de edificios altomedieval de Europa, en el mapa mundial. Durante todo este tiempo, las administraciones públicas responsables de su conservación -Gobiernos estatal y asturiano y ayuntamientos- y la institución propietaria de la mayor parte de los edificios, la Iglesia católica, han sido incapaces de acordar un plan que garantice su adecuada conservación y mantenimiento.
