El juez ha encontrado "indicios racionales de criminalidad" en un caso de presunta pederastia con un alumno en un colegio del Opus Dei en Bilbao y después de que la Iglesia diera carpetazo al proceso canónico tras considerar que los hechos "no han sido probados". Dos letrados gijoneses defienden a la familia denunciante en un caso que captó la atención personal del propio papa Francisco, quien escribió a los padres de su puño y letra. Tras recibir una petición de auxilio de los padres, el Papa trató de reconfortarles y por escrito les aseguró que enviaría toda la documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Efectivamente, este dicasterio vaticano recibió los papeles pero cerró el caso tras una investigación que, según los padres, no fue tal.
Imanol Goyarrola, director del colegio Gaztelueta, donde trabajaba el profesor ahora imputado, escribió ayer a los padres para informarles de que el juez ha decidido elevar el caso a la Audiencia Provincial y abrir un juicio "que determine la veracidad de los cargos". Goyarrola añade que "este hecho era relativamente previsible por la seriedad de esas acusaciones y la oportunidad de dar continuidad al proceso jurídico abierto, una vez terminada la fase de instrucción". Y añade: "Desde el colegio siempre hemos defendido la necesidad de poner todos los medios para llegar a la verdad de este asunto, dentro del ámbito judicial, y fuera de interferencias mediáticas" .
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Getxo considera que el profesor ahora imputado podría haber cometido un delito de agresión sexual, otro abusos sexuales y, finalmente, un delito contra la integridad moral. En total, una pena de entre 4 y 10 años de prisión. El juez ha tomado esta decisión después de haber tomado declaración a la familia de la víctima, que en el momento de los hechos tenía 12 años y ahora es mayor de edad, y a los testigos, así como sobre la base de los informes periciales. Estos informes habían dictaminado que la conducta del muchacho es "disfuncional a nivel escolar, social y personal, con ruptura de la trayectoria personal previa a los hechos denunciados".
Ahora las partes tienen unos días para recurrir ese auto y, si no lo hacen, el juez remitirá el caso al tribunal provincial para que sea juzgado. La familia del menor denunció inicialmente los hechos ante las instancias educativas al considerar que el chaval estaba sufriendo acoso escolar por parte de sus compañeros y que el profesor había podido amparar esas actitudes, si bien la investigación quedó archivada provisionalmente. El caso se hizo público en enero de 2013, cuando el padre de la víctima explicó en varios medios los abusos que había sufrido el menor en su centro escolar y la falta de una respuesta oportuna por parte del colegio, donde "lo negaron todo, porque quieren tapar la mala imagen del centro", reprochó entonces el padre. Según relató, los presuntos abusos sexuales por parte del profesor, que es laico, se cometieron en los cursos 2008-09 y 2009-10, cuando el niño cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria y tenía 12-13 años.
