Golpe de mano a la neutralidad en la red en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones ha aprobado una norma que, en la práctica, concede barra libre a los proveedores de internet para que bloqueen, ralenticen o cobren más por priorizar contenidos a su conveniencia. Sus intereses económicos, primero. Los consumidores, indefensos. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los internautas, protegidos por una norma de 2015 que impedía esa situación. Entonces estaba Barack Obama en la Casa Blanca. Ahora está Donald Trump.
Internet ha dejado de ser para los ciudadanos estadounidenses un servicio público y básico como el agua o la electricidad. Se terminó el actual acceso en igualdad de condiciones. No es un ataque que solo alarme a los internautas estadounidenses. La tentación de que las operadoras telefónicas europeas en general y españolas en particular luchen por tener los mismos privilegios que las estadounidenses es demasiado grande como para que los ciudadanos no sientan inquietud. O, directamente, temor ante una situación en la que las operadoras tienen manos libres para hacer lo que quieran en su propio beneficio.
Por ejemplo, como ha denunciado la Asociación de Internautas españoles, "se podrá bloquear el acceso a determinados servicios, acelerar la velocidad a la que se accede a otros, o incluso priorizar el contenido que quieran. La única condición es hacer públicos estos cambios".
Lógicamente, los servicios de terceros no estarán en condiciones de competir de igual a igual, y las operadoras tendrán vía libre para dar preferencia a sus servicios castigando otras aplicaciones. Con total impunidad. Los proveedores de servicios más débiles correrán el peligro de ser barridos del internet de alta velocidad y los gigantes con sus gigantes intereses aplastarán a los pequeños que busquen más innovación, creatividad o riesgo.
Internet deja de ser libre y abierta en Estados Unidos. Los proveedores mandarán sobre lo que se puede y no se puede ver. Gobiernan el continente, controlan el contenido. El daño a la mayor herramienta de libertad de expresión jamás conocida puede ser demoledor y los proveedores podrán mostrarse mucho más audaces en su búsqueda insaciable de beneficios porque tienen, nunca mejor dicho, el mando.
