Oviedo, L. Á. VEGA
La sección segunda de la Audiencia Provincial ha condenado al policía nacional E. S. C., natural de Langreo aunque destinado en Irún (Guipúzcoa), a una pena de tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, al haber introducido a dos jóvenes chilenas en el país para ejercer la prostitución en casas de citas de Oviedo y Gijón. El tribunal también condena a la ex compañera sentimental del agente, la argentina A. I. Á., a dos años de cárcel. El abogado defensor del policía, Luis Tuero, ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, según indicó.
El agente, de 36 años, se enfrentaba a una pena de once años de prisión, y su ex compañera, a nueve. Ambos han sido absueltos de un delito relativo a la prostitución. La sentencia considera que ambos dieron instrucciones a las dos jóvenes chilenas para pasar la frontera española en el aeropuerto de Barajas sin que levantasen las sospechas de los policías que realizaban el control de entrada. En una de las ocasiones, incluso, el agente se introdujo en la zona de control migratorio, aprovechando que había trabajado tiempo atrás en las instalaciones aeroportuarias en el área de seguridad.
El policía, que ante las jóvenes que se prostituían se hacía llamar «Sebas» o «Sebastián», trasladó al menos a una de ellas desde el aeropuerto madrileño hasta Asturias. En el juicio, el policía aseguró que desconocía que su entonces compañera sentimental se dedicase al negocio de la prostitución. Añadió que nunca se había lucrado con las chicas y que en ese momento sufría una grave adicción al sexo.
La mujer adujo que las jóvenes que chilenas ya se dedicaban a la prostitución en su país y que ella sólo les había alquilado una habitación, al tiempo que les vendía lencería. Justificó, además, una de las denuncias por una venganza de una de las jóvenes, al verse descubierta por su novio, que desconocía que se dedicase a la prostitución.
Las dos chilenas denunciaron, sin embargo, haber sufrido amenazas para pagar las cantidades que adeudaban a la argentina al haber adelantado ésta el dinero del viaje. Las dos habían indicado, además, que cuando contactaron con ellas les habían ofrecido trabajar en un servicio como dama de compañía en salidas con clientes a cenas o eventos, no en la prostitución.
En el juicio, la defensa del policía nacional, a cargo del abogado Luis Tuero, planteó la invalidez de las escuchas telefónicas practicadas a la pareja, al considerar que no fueron justificadas por el juez, ni tuteladas por el fiscal. Ante el Supremo, el letrado planteará un recurso por error de derecho.
