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Un caso de usurpación de funciones

El agente que llevó al "pequeño Nicolás" a Ribadeo dice que lo vio "responsable"

Francisco Nicolás Gómez reconoce unos documentos del Ayuntamiento de Madrid que acreditan que usaba transporte oficial

Francisco Nicolás Gómez, entre Ana Rosa Quintana y Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo.

El policía municipal de Madrid que trasladó a Francisco Nicolás Gómez, alias "el pequeño Nicolás", hasta Ribadeo para que se reuniera con Jorge Cosmen, presidente de Alsa, testificó ante el juez el pasado viernes que lo hizo como un favor personal, porque tenían relación y le parecía que era "responsable y serio". "El pequeño Nicolás", que tuvo que abandonar la casa del reality "Gran hermano Vip" para declarar, reconoció unos documentos en los que se acreditaba que utilizaba transporte oficial del Ayuntamiento de Madrid para algunos de sus desplazamientos.

El cabo de la Policía Municipal de Madrid José González Hormigos escoltó en agosto de 2014 al "pequeño Nicolás" hasta Ribadeo (Lugo), donde el joven se hizo pasar por un enviado de la Casa Real y del Gobierno ante el presidente del grupo Alsa, Jorge Cosmen. Ambos tuvieron que declarar el pasado viernes ante el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que acusa a Francisco Nicolás Gómez de un delito de usurpación de funciones.

El abogado Pedro Muñoz, del sindicato Manos Limpias, que actúa como acusación particular, explicó que en el transcurso de la declaración el agente aseguró que ambos tenían relación desde unos meses antes de viajar a Ribadeo, y que lo había llevado porque se lo había pedido como un favor personal. "Afirmó que se fiaba de él porque lo veía serio y responsable, que tenía buenos contactos y consideró que no hacía nada malo llevándole a Ribadeo como un favor particular", explicó el letrado.

La declaración del "pequeño Nicolás" se prolongó apenas un cuarto de hora, ya que se limitó a responder sólo a las preguntas de su abogado, con lo que no aportó datos nuevos. Eso sí, reconoció unos documentos solicitados al Ayuntamiento de Madrid y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según Pedro Muñoz.

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