Una decisión perjudicial para todos

Aunque la actividad asistencial es prioritaria y constituye la verdadera razón de existir de nuestro sistema público de salud, una unidad de un hospital del nivel del HUCA debe aspirar siempre a la excelencia, y ésta no es posible si no se añaden a lo anterior aspectos docentes e investigadores. La obtención, en el año 2011, de una plaza de médico estatutario fijo en el servicio de Medicina Interna del HUCA, que entonces parecía definitiva, me permitió como responsable de dicha unidad desarrollar estos aspectos.

Desde hace más de seis años soy profesora asociada de la Universidad de Oviedo, y las líneas de investigación consolidadas han originado cerca de 60 publicaciones y 300 comunicaciones a congresos tanto nacionales como internacionales. Esto ha facilitado la pertenencia al Grupo de Investigación en Microbiología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias (ISPA), recientemente creado, y me ha permitido formar parte de la Red para el Estudio de Enfermedades Importadas por Inmigrantes y Viajeros, liderada por el Hospital Ramón y Cajal; del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Enfermedad de Chagas, y ser secretaria del Grupo de Estudio de Patología Importada de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. A nivel internacional, soy miembro activo del Grupo de Estudio de Atención al Inmigrante y del de Parasitología de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

Estas líneas y mi carrera profesional parecían completamente consolidadas hasta la anulación del concurso oposición de Medicina Interna tras una sentencia del Tribunal Supremo que recoge las presuntas filtraciones del presidente del tribunal, de la que ha informado exhaustivamente LA NUEVA ESPAÑA. Esta sentencia, cuyo cumplimiento, así como la necesidad de depurar las responsabilidades derivadas de ella, defendí desde el principio, ha propiciado que, a pesar de superar nuevamente el proceso selectivo, y obtener incluso mejor puntuación en él, no haya podido consolidar la plaza que ocupaba previamente, con el consiguiente perjuicio para las líneas de trabajo e investigación iniciadas. De hecho, la importancia de las mismas ya fue reconocida en su día por el propio gerente del Servicio de Salud, el Dr. José Ramón Riera, que esgrimió el perjuicio que se produciría al abandonar estas áreas específicas como base fundamental para solicitar al TSJA la inejecución de la sentencia, en un informe contundente cuyas conclusiones ahora parecen haberse evaporado.

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo establece claramente que durante el proceso selectivo anulado se incumplieron los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, un hecho de una gravedad sin precedentes y del que el sistema de salud fue consciente desde el primer momento, manteniendo a lo largo de estos casi siete años de proceso una inexplicable actitud de "no hacer".

Ahora, con el proceso aparentemente ya cerrado, es cuando se hacen evidentes los daños causados: en primer lugar, probablemente a la asistencia altamente especializada a los pacientes, daños a la carrera y desarrollo profesional de los profesionales afectados, daños a una especialidad que navega en un mar de recursos y contrarrecursos judiciales, y a la institución a la que todos nos debemos y que ha soportado un descrédito largo e innecesario. Daños, daños, daños.

¿Existen soluciones? La legislación contempla atender estas necesidades asistenciales mediante la figura de la comisión de servicio, que permitiría que esta actividad se mantuviese inalterada, una solución apoyada por el propio Grupo de Investigación en Microbiología Traslacional del ISPA, que teme perder una línea completa de investigación en un momento en el que todos debemos aunar esfuerzos para acreditarnos ante el Instituto Carlos III. Sin embargo, inexplicablemente y a título personal, el director gerente del Área IV, responsable del HUCA, Dr. Luis Hevia Panizo, me ha adelantado su negativa a solicitar esta figura.

Considero que, aparte de las responsabilidades patrimoniales y legales que la anulación del proceso selectivo lleven aparejadas, y que deberán dirimirse en los tribunales correspondientes, el Sespa ha adquirido una obligación moral con aquellas personas afectadas por la anulación de dicho proceso y que han soportado ya una carga de sufrimiento excesiva y prolongada en el tiempo. Es imposible pensar que un sistema de salud no disponga de todo el armamento legal y logístico necesario para impedirlo. Quiero pensar que aún no está dicha la última palabra y que los responsables del mismo pondrán todos los medios a su alcance para minimizarlo. Es un ecuación de variables bien definidas: una oposición anulada, 33 personas perjudicadas, un servicio de salud responsable. Debemos esperar por tanto una solución justa y razonable.