La juez Pilar de Lara que investiga el "caso Pokémon" sobre corrupción política ordenaba, el pasado jueves, el registro del domicilio del presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui; la Policía buscaba, y parece ser que encontró, pruebas sobre su posible participación en el amaño, en favor de Aquagest, del concurso de privatización del agua. La juez investiga los posibles tejemanejes de Aquagest, empresa a la que en su auto judicial califica como "una verdadera asociación ilícita", que con el fin de hacerse con la concesión de los servicios municipales de agua recurre sistemáticamente a sobornos, entregas de dinero, enchufes a allegados, regalos y viajes en favor de políticos y funcionarios con poder de decisión. Unos hechos por los que la juez tiene imputada a la multinacional por la posible comisión de, entre otros, sendos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación y fraude a Hacienda y a las Administraciones públicas.
La juez actuó en Avilés para investigar posibles indicios de connivencia entre Aquagest y diversos representantes políticos locales que habrían resultado beneficiados económicamente a cambio de maniobrar para adjudicarle la concesión del agua. La privatización del agua en Avilés fue aprobada en el Pleno con los votos del PSOE el PP y ASIA; a estas alturas, las investigaciones policiales y judiciales ya han destapado que, al menos, el PP y ASIA apoyaron la privatización del agua "a título lucrativo", como lo demostraría el dinero y los regalos que los presidentes de ambos partidos, Villalba y Aréstegui, habrían recibido de Aquagest.
Además de políticos, todos los responsables de la multinacional en Avilés están también imputados. Por eso nos llama poderosamente la atención que cuando salen a la luz unos episodios tan deleznables de corrupción, el otro partido privatizador y por lo tanto bajo sospecha, el PSOE, que además fue quien desde el gobierno impulso la venta de nuestro agua, no tenga nada que decir. Sin duda, ese silencio se vuelve más cómplice a cada día que pasa.
Como se sabe, la privatización del agua tuvo importantes repercusiones políticas en Avilés, ya que truncó toda posibilidad de colaboración o cogobierno entre el PSOE e IU, para dar paso a un matrimonio político y presupuestario entre los socialistas y el PP que aún se extiende hasta nuestros días. Es de dominio público la perfecta sintonía política existente entre Aréstegui y unas alcaldesas socialistas a las que saca las castañas del fuego en el Pleno cada vez que hace falta.
La implicación en la trama de diversos responsables políticos del PP asturiano reforzaría la teoría de que el PP es un partido carcomido por la corrupción hasta las trancas; si les quedara un mínimo atisbo de vergüenza deberían hacer rodar cabezas, comenzando por el cese inmediato de Joaquín Aréstegui de todas sus responsabilidades, como presidente del PP y como responsable de Sepides, la sociedad estatal que gestiona el parque empresarial Principado de Asturias (PEPA).
Pero la trama del agua también debe tener consecuencias políticas en el partido que desde el gobierno impulsó la privatización del agua, el PSOE; y para las personas que lideraron ese proceso, Pilar Varela y Luis Ramón Fernández Huerga. Ante unos hechos de corrupción tan graves como los que están saliendo a la luz, solo caben dos posibilidades: que ambos políticos sean tontos y no se enterasen de nada o que sí se enteraron y por lo tanto fueron cómplices, por acción u omisión.
En cualquier caso, no cabe lavarse las manos recurriendo otra vez a un posible engaño, como hicieron en el caso del Niemeyer; su obligación era conocer la catadura moral de la empresa que apadrinaban para gestionar nuestra agua y también detectar las corruptelas de sus compañeros de correrías privatizadoras. Por dignidad y por higiene democrática, Varela y Huerga deberían pedir perdón a quienes a través de sus recibos del agua son los auténticos paganinis de la fiesta, los avilesinos, y después dimitir de todas sus responsabilidades políticas.
Izquierda Unida fue el único partido que se opuso frontalmente en la calle, en el Pleno y en los juzgados a una privatización que nos olía muy mal por ser claramente contraria a los intereses de la ciudadanía. El tiempo ha terminado por darnos la razón: el agua es más cara y su gestión más turbia, pero nosotros podemos decir con la cabeza muy alta que nuestros concejales son los únicos que están libres de sospecha. A veces la honradez y la coherencia se ven recompensadas.
En izquierda Unida apostamos por la regeneración democrática; por eso consideramos que nuestra agua no debería ser gestionada ni un solo día más por una empresa tan putrefacta como Aquagest. Nosotros no descansaremos hasta que el agua vuelva a ser pública y esté en manos de sus legítimos propietarios: los avilesinos y avilesinas.
