El 26-J está a la vuelta de la esquina y no hay más remedio que aguantar la matraca de analistas, tertulianos, editorialistas, columnistas y encuestas que entran a saco con la predicción electoral, descuidando, en muchos casos, las consecuencias que pudieran seguirse dependiendo de cual sean las diferentes formas políticas que lleguen al poder. Se equivocan quienes ponen el foco en las formas y no en los efectos consecuentes, separándose de tal manera del ánimo del electorado.
Hay amplio consenso sobre los cambios que se han ido produciendo en los cuatro meses pasados. Nadie espera un vuelco espectacular pero sí, al menos, cierta prudencia o reflexión respecto a los aventurerismos emergentes y sobre todo se impondrá la exigencia de una completa sobrexplicación de los respectivos programas, sin planteamientos equívocos. Los partidos tienen que definirse. El PSOE debe hacerlo respecto a Podemos e IU y en tal tesitura se encuentran el PP y Ciudadanos. Quién es quién y qué pretenden hacer cada uno. Empezando por exponer cómo van a evitar el frenazo económico, evitando arrojar por la borda los escasos logros de los dos últimos años, que de seguir la tendencia, permitiría al país recuperar el nivel de riqueza de antes de la crisis y mantener la meta de veinte millones de ocupados al final de la legislatura.
Pero este objetivo de mínimos, requiere como condición indispensable estabilidad política. El compromiso de un Gobierno sólido, comprometido con el equilibrio fiscal y continuar las reformas estructurales. Si por el contrario la incertidumbre y la desconfianza se imponen por temor a radicalizaciones, la respuesta inmediata será la subida de la prima de riesgo, haciendo más cara la financiación, la desaceleración de la economía, menos puestos de trabajo y finalmente recortes de gasto en todos los capítulos junto a subida de impuestos.
No es por especulación que las agencias de rating estén ya avisando de que el mercado no admitirá otro limbo como el de ahora. Estos días anda por los medios un informe del BBVA, según el cual por cada cien puntos que sube la prima de riesgo, el Estado español tiene que pagar 12.400 millones de euros más en los intereses de la deuda, mientras se dejarían de crear 160.000 empleos.
La subida de la prima de riesgo afecta también al bolsillo del contribuyente. Por todo ello hace falta, principalmente a quienes simplifican su programa en echar a Rajoy, que expliquen cómo van a dinamizar la economía, mantener, al menos, los servicios sociales, pensiones y el equilibrio del gasto público, sin tumbar los objetivos de estabilidad comprometidos con Bruselas que ahora mismo se están negociando con cláusulas muy severas, incluyendo a los hombres de negro.
Está a punto de empezar la campaña electoral y los protagonistas conocidos, además de insultarse entre ellos, tratarán de vender la moto y el paraíso incluido al ciudadano irreflexivo. No vale cargar siempre las culpas en los políticos. Algo tendrá que ver que todavía algunos no analizamos aquello de "lo que no puede ser no puede ser y además es imposible".
